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Bruselas salva ‘in extremis’ el rescate de medio centenar de empresas españolas

 

Bruselas salva ‘in extremis’ el rescate de medio centenar de empresas españolas

La Comisión alarga hasta el 30 de junio el plazo para que el Gobierno conceda las ayudas


La Comisión Europea echó un capote al Gobierno de España este jueves. Y a medio centenar de compañías. La prórroga de seis meses de la regulación comunitaria que permite a los Estados ayudar a empresas afectadas por la pandemia da tiempo al Ejecutivo para cerrar el rescate de algo más de 50 firmas en España. Sus peticiones están empantanadas desde hace meses en la fase de estudio del fondo de apoyo a la solvencia de empresas estratégicas que gestiona la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y este tiempo extra será clave para su resolución. Entre estas 50 solicitudes piden cerca de 4.000 millones de euros, según fuentes cercanas al organismo. Entre ellas están Celsa (reclama más de 500 millones), Técnicas Reunidas (290 millones), Naviera Armas Transmediterránea (120 millones), Air Nostrum (100 millones), Hesperia (55 millones) y Room Mate (52 millones).

Sin la ampliación, según parte de las empresas afectadas, se irían por el sumidero la mayoría de ayudas en estudio. ¿El motivo? El plazo para su resolución expiraba el 31 de diciembre, por lo que fuentes del mercado calculan que más de la mitad de ellas quedarían en el limbo. “Lo que no se hubiera dado antes de esa fecha, no se podría conceder después”, reconocen fuentes cercanas al holding empresarial. Es decir, la SEPI tenía poco más de 40 días para culminar medio centenar de casos. Algo difícil de conseguir, especialmente si se compara con el bagaje anterior: solo nueve operaciones aprobadas en los 16 meses de vida del fondo. La decisión supone un balón de oxígeno, aunque las compañías afectadas avisan de que toca acelerar o llegarán las prisas a final de junio.

Hasta ahora, lo aprobado suma una inyección de 1.407,83 millones. Es decir, un 14% de los 10.000 millones de euros con los que nació el fondo. Una partida que en origen el Ejecutivo reconocía que se podía quedar corta y no descartaba incluso inyectar más dinero si era necesario. Sin embargo, la realidad ha sido otra: las condiciones exigidas, por un lado, y la mejora económica tras la fase de confinamiento más dura, por otro, han hecho que solo se hayan registrado solicitudes por alrededor de la mitad del montante disponible. Por tanto, los expedientes resueltos suman casi un 30% de la cantidad reclamada. En este contexto, cuando Bruselas preguntó a los Estados miembros por la posibilidad de alargue, España se apresuró en dar el sí quiero. Aunque otros como Países Bajos, Suecia o Filandia pedían cerrar ya esta etapa.

El fondo, así como el de Cofides para pymes, es una herramienta de último recurso, para cuando las firmas estratégicas más golpeadas por la crisis del coronavirus no tengan otra alternativa de financiación. De ahí que el grueso proceda del sector turístico o actividades vinculadas: hoteles, líneas aéreas, restauración, agencias de viajes o transporte. La industria es el otro gran beneficiario potencial. “Las empresas reclaman que haya más celeridad en la tramitación. A la SEPI también le gustaría que fuese más rápido, pero está obligada a seguir un proceso muy garantista”, argumentan fuentes de la Administración.

Al fondo le costó arrancar. Y a las empresas decidirse por tirar de estas ayudas dada la exposición pública que les suponía y las exigencias a las que tenían que hacer frente. De hecho, en sus dos primeros meses de vida —hasta septiembre— solo recibió cinco peticiones. En octubre aceleró con ocho más. Y para final de 2020, en noviembre y diciembre, se dispararon las reclamaciones (15 nuevos casos cada mes). Un repunte que se repitió en marzo, con otras 11 entradas. Aunque a partir de ahí se acabó el furor: de abril a septiembre se contabilizaron 15. “Ya se ha superado el pico de peticiones y ahora lo que se espera es una avalancha de resoluciones”, sostienen fuentes cercanas a la SEPI.

Frenazo por el caso Plus Ultra

En el análisis de las ayudas, mientras tanto, se fue acumulando el trabajo por las nuevas llegadas y la demora en la fase de análisis. La primera concesión llegó en noviembre de 2020, más de tres meses después del inicio, con un rescate de 475 millones a Air Europa. Luego se tuvo que esperar otros cuatro meses para que el Consejo de Ministros rubricase las ayudas a Plus Ultra (53 millones) y Duro Felguera (120 millones). Y una semana después fue el turno de Ávoris (320 millones). Entonces se produjo un cisma que lo atascó todo: la polémica desatada por el rescate de Plus Ultra —la empresa siempre había estado en números rojos, tenía una cuota de mercado del 0,1% y guardaba vínculos con empresarios venezolanos— enturbió el trabajo del fondo.

El ruido político sobre la idoneidad de este rescate hizo que en los estudios de las peticiones posteriores se fuese todavía más minucioso. Se revisaba hasta la última coma, lo que demoró aún más la toma de decisiones. “El caso de Plus Ultra le ha pasado factura al resto porque se quiere dejar todo bien atado”, reconocen fuentes de la Administración. A lo que añaden las consultoras: “Después de lo de Plus Ultra ha habido un cambio evidente y se ralentizó todo. No se dejó de trabajar, pero hubo muchos palos en las ruedas”. Además, la presidencia interina en la SEPI —de Bartolomé Lora, que sustituyó en octubre de 2019 de forma temporal a Vicente Fernández— tampoco ayudó en agilizar los procesos.

Este punto se resolvió con el nombramiento de Belén Gualda el 30 de marzo, pero entonces tuvo que adaptar el equipo a la demanda de trabajo. “Se ha ido mejorando el engranaje para asumir el volumen de operaciones existente. Hubo incluso un refuerzo de contrataciones tanto externo, para análisis de casos, como interno, con 31 asesores nuevos”, explican fuentes de la SEPI. Pese a ello, decenas de empresas reclaman una respuesta urgente a su reclamación, ya que su futuro depende en gran medida de esta inyección pública.

La intención de los cambios en el seno de la sociedad pública era ganar en agilidad para resolver el atasco. “Ha sido una evolución lógica para gestionar el fondo y los procedimientos abiertos”, insisten fuentes cercanas al grupo de empresas dependiente del Ministerio de Hacienda. Aunque la congestión todavía persiste y pondrá a prueba en los próximos siete meses y medio su capacidad para resolver los procesos abiertos. Si no lo logra, volverán a llegar las prisas en junio.




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