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Arranca el plan para abrir centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en todas las provincias

 

Arranca el plan para abrir centros de crisis 24 horas para víctimas de violencia sexual en todas las provincias

Igualdad consigna 19,8 millones a estos recursos a destinados mujeres agredidas. La previsión es que estén en marcha, como tarde, en 2023. No hará falta presentar denuncia para ser atendida


Protesta contra la primera sentencia impuesta a La Manada por abuso sexual, en Sevilla en 2018.PACO PUENTES

De madrugada o a las dos de la tarde. El mismo día en que ha ocurrido o años después. Así está previsto que atiendan los futuros centros de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual, los conocidos como centros de crisis 24 horas, que funcionarán mañana, tarde y noche todos los días del año con atención psicológica, jurídica y social para víctimas y familiares. El Ministerio de Igualdad destina 19,8 millones de euros para iniciar la puesta en marcha de “al menos” un centro de estos en cada provincia, más otros dos en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla. “En ningún caso es necesaria la interposición de una denuncia para facilitar la atención e intervención”, señala Igualdad en la documentación sobre este proyecto, que se aprobará el próximo martes en el Consejo de Ministros, y a la que ha tenido acceso EL PAÍS. Menos del 10% de las víctimas de agresiones sexuales denuncian a su agresor.

Esta primera partida servirá para empezar a habilitar las oficinas que Igualdad espera que abran, como muy tarde, en 2023. Cada autonomía recibirá una primera cantidad de 300.000 euros por provincia —el montante por centro que calcula el ministerio es de un millón—. El resto de dinero hasta 19,8 millones, cubiertos con fondos europeos e incluidos en el Plan España te protege contra las Violencias Machistas, se repartirán en función de la distribución de mujeres a partir de 16 años, la dispersión de la población o la insularidad. En este primer ingreso, Igualdad transfiere un 30% del total de la inversión del millón de euros previsto por centro, que deberán completarse también con fondos de Europa, según la previsión del ministerio. La propuesta de reparto, que debe de ser ratificada en una conferencia sectorial en abril entre el ministerio que encabeza Irene Montero y las comunidades autónomas, oscila entre el máximo de 2,95 millones para Andalucía y los 305.000 euros previstos para Ceuta y Melilla, respectivamente.

La creación de este tipo de centros está recogida en el llamado convenio de Estambul, el acuerdo del Consejo de Europa sobre prevención y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia doméstica, aprobado en 2011 y ratificado por España hace siete años, en 2014. Es este convenio el que amplía la consideración de víctimas de violencia machista más allá de la que sufren las mujeres que son maltratadas por sus parejas o exparejas. Lo extiende a otras formas recogidas también entre los perfiles que atenderán estos centros de crisis. Estarán dirigidos a víctimas de agresiones sexuales, mujeres sometidas a matrimonios forzosos y mutilaciones genitales, quienes hayan sufrido acoso sexual, exhibicionismo o provocación sexual, prostitución “ajena”, según recoge la documentación de Igualdad, así como proxenetismo, explotación sexual, trata con fines de explotación sexual, acecho o acoso reiterado por razón de género o feminicidio sexual.

Entre los trabajadores que las atenderán, se prevén perfiles especializados: Psicólogas y psiquiatras, abogadas, profesionales de ciencias sociales con capacidades y formación especializada en intervención o contención en crisis o emergencia (trabajadoras sociales, educadoras sociales, pedagogas o de otras disciplinas) y mediadoras culturales o traductoras. La intención de Igualdad, que recoge todos los perfiles en femenino, es que las contratadas sean mayoritariamente mujeres, como ya ocurre en servicios como el teléfono de atención a víctimas de violencia machista —recién abierto también a agresiones sexuales—, el 016. Fuentes de Igualdad señalan además que es “muy habitual” que las víctimas pidan ser tratadas por otras mujeres y que en el ministerio incluyen siempre en los pliegos como recomendación que se las contrate a ellas.

En su artículo 25, el convenio de Estambul insta a las naciones firmantes –lo han ratificado 34 países aunque Turquía acaba de anunciar su salida- a tomar las medidas necesarias para crear centros “de ayuda de emergencia para las víctimas de violaciones y de violencias sexuales, apropiados, fácilmente accesibles y en número suficiente, para realizarles un reconocimiento médico y médico forense, y darles un apoyo vinculado al traumatismo y consejos”. España está lejos de tener ese “número suficiente”. Según un informe de Amnistia Internacional de noviembre, solo existen dos instalaciones oficiales –promovidos por las administraciones- en toda España: uno impulsado por el Principado de Asturias y otro desde el Ayuntamiento de Madrid. Otras siete comunidades (Andalucía, Aragón, Baleares, Cantabria, Castilla y León, Comunidad Valenciana y Murcia), señala Amnistía, ofrecen asistencia para víctimas de violencia de género y sexual. Castilla La Mancha y País Vasco incluyen programas de atención psicológica para víctimas de atención sexual y Cataluña tiene una unidad para agresiones sexuales. Desde hace casi 30 años existen organizaciones no gubernamentales que también atienden a las víctimas. Entre ellas, las nueve integradas en Famuvi, la Federación de Asociaciones de Asistencia a Víctimas de Violencia Sexual y de Género.

Una red “ni de lejos suficiente”

España ya ha sido advertida por la mala atención a estas víctimas. El Grupo de Expertos en la Lucha contra la Violencia contra la Mujer y la Violencia de Género (Grevio, creado por mandato del Convenio de Estambul) señaló en su primer informe de evaluación de España, publicado en 2020, que la red existente es “marginal” y “ni de lejos suficiente”. Destacaba que queda “desatendida una gran parte de España y las zonas rurales en particular”. Instaba a las autoridades españolas “a que tomen medidas que establezcan un número suficiente de centros de ayuda de emergencia para las víctimas de violencia sexual”. Y también a que desarrolle “un protocolo que aborde de manera integral esta forma de violencia de forma que se ofrezca una respuesta integral a las necesidades de las víctimas”, un aspecto en el que Igualdad señala que está trabajando con Sanidad. Es este grupo, entre otros organismos y especialistas, el que señala que la denuncia no debe de ser un requisito: “El acceso de una víctima a los diferentes servicios de apoyo no debe depender de su voluntad de presentar una denuncia”. Los delitos de violencia sexual tienen una tasa muy baja de denuncias. Un 13,7% de la población femenina a partir de 16 años, 2.802.914 mujeres residentes en España, han sufrido violencia sexual a lo largo de su vida, según la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer de 2019. Solo el 8% de las que fueron agredidas sexualmente fuera del ámbito de su pareja denunciaron al agresor. Entre los motivos que esgrimieron destacan que eran menores, que tuvo poca importancia, que no lo hicieron por vergüenza, porque “eran otros tiempos” o por miedo a que no les creyeran, según el citado estudio.

El Grevio también desaconseja que se atienda en los mismos servicios a las mujeres que sufren violencia por parte de su pareja o expareja con las víctimas de violencia sexual. Señala que hay investigaciones que indican que, cuando se mezclan, los primeros casos “son priorizados debido a la naturaleza inmediata del momento de crisis”. Sumarlos “no parece responder a las necesidades de las víctimas de violación, que requieren de atención médica inmediata y apoyo a su trauma además los exámenes forenses oportunos de cara a un futuro proceso judicial como prueba documental de las víctimas al presentar cargos”.


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