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Las familias deploran el “olvido” de los alumnos en cuarentena

 

Las familias deploran el “olvido” de los alumnos en cuarentena

4.500 aulas están cerradas por la pandemia en España. Los centros aseguran que no disponen de los medios ni la formación necesarios para atender a los estudiantes 'online



Cuando a los hijos de Carmen les mandaron a su casa porque un compañero había dado positivo por covid, las familias no daban crédito a la reacción de la tutora. “Mandó una nota de voz a la delegada de padres diciendo que los niños hicieran cuentas y leyeran mucho. Y listo”. Por delante, dos semanas en casa, de horario lectivo, pero sin lecciones. El centro tardó una semana en darles una alternativa. “El protocolo decía que tenían que tener clases. Un padre lo denunció y ya empezamos con el Classroom [una plataforma para la educación a distancia] la segunda semana”, explica esta madre de un alumno de primaria de un colegio público de Jaén. “Han estado una semana olvidados. Como si nos lo pudiéramos permitir después de estar seis meses sin escuela”, protesta Carmen. Unas 4.500 aulas —el 1,3% del total— están confinadas en España, según el balance oficial que ofreció recientemente en el Congreso el ministro Salvador Illa. Cifra que podría suponer unos 90.000 alumnos —con una media de 20 estudiantes por aula—. Las federaciones de asociaciones de familias reciben quejas como la de Carmen a diario. Ocurre en toda España, donde la desatención educativa para los alumnos confinados o con formato de semipresencialidad, dicen, es la norma. En algunas comunidades, como Madrid o Andalucía, las quejas son más habituales que en el resto, según las asociaciones de padres.

Pedro Delgado, de la Confederación Andaluza de Asociaciones de Padres y Madres del Alumnado (Codapa), lo atribuye a la descoordinación. “En agosto no prepararon nada y las instrucciones llegaron a la vez que los confinamientos”, afirma. Allí se han cerrado más de medio millar de aulas y 10 centros desde la vuelta al colegio. Aunque la norma establece que la atención educativa debe ser adecuada y online, pocas escuelas e institutos están preparados para aplicarla: “Nos faltan medios tecnológicos, formación, que no es obligatoria, y hay docentes que no se manejan online”, apunta Enrique Jabares, de la asociación de directores de primaria de Andalucía.

En Madrid, donde se han confinado más de un 4% de los alumnos —31.501 estudiantes y 1.740 aulas desde el principio de curso—, Dolores (nombre ficticio) pasó más de una semana haciendo deberes con su hijo de siete años, que acude a un centro concertado de la capital. Le llegaban por e-mail y sin explicaciones. “Era un calendario en Word con los deberes pero sin instrucciones. Y alguna madre extranjera se quejó de que ni siquiera dominaban bien el español. Pero incluso teníamos tareas en inglés”, recuerda.

En el colegio Blas de Lezo las familias tampoco están satisfechas. Desde el centro (que ya ha cerrado seis clases este curso), cuando se decretó la primera cuarentena les aseguraron: “El profesorado, siempre y cuando no se encuentre de baja médica, realizará sus labores docentes con los grupos que se encuentren en sus domicilios a través de correo institucional, videoconferencias y plataformas educativas. Aquellos profesores cuyos grupos estén asistiendo al colegio continuarán con su labor docente presencial”. Sin embargo, la realidad que describen los padres fue muy diferente. Manuel Hernando, padre del consejo escolar, hace balance: “Una ha hecho dos fichas toda su cuarentena; otras, solo tres videoconferencias de 25 minutos. Las más afortunadas tuvieron deberes a diario, pero no adelantaron contenido. La gestión ha sido nefasta”. Y a ello se suma que algunas decisiones de la Comunidad no ayudan: “El curso pasado los profesores trabajaban con Teams, pero ahora la consejería [de Educación] ha prohibido todo, solo permite Educamadrid. Pero esta plataforma no está funcionando y los profesores no saben usarla. Dan ganas de llorar”, lamenta.

Un alumno de quito de primaria estudiando en casa.
Un alumno de quito de primaria estudiando en casa.CARLES RIBAS

A los hijos de Alejandra Rodríguez, que van a esta escuela, llegaron a confinarles sin motivo. Confinaron su clase, pero ellos se incorporaron más tarde. Así que les mandaron 11 días a casa sin haber visto siquiera a la niña contagiada. “La directora dijo que no tenía con quién ponerlos, aunque había más aulas de su curso. Perdieron dos semanas por pura desorganización. Nos han abandonado a nuestra suerte”, protesta.

A pesar de lo que relatan las familias, la Consejería de Educación de Madrid dice que no les ha llegado ninguna queja. En la federación de asociaciones de familias de Madrid, FAPA Giner de los Ríos, se ríen ante la respuesta de la Comunidad. Están elaborando un informe con todas las quejas recibidas para enviárselo a la consejería. “Estamos privando a los alumnos de un derecho fundamental y aunque es muy grave nadie lo asume como su responsabilidad”, explica Carmen Morillas, la presidenta de la FAPA.

“Infancia en riesgo”

Lo más preocupante para Álvaro Ferrer, especialista en equidad educativa de Save the Children, es que “se está poniendo a la infancia en riesgo”. Y añade: “Los niños se desvinculan y desconectan del ritmo del aprendizaje, de sus profesores... y quienes están en mayor riesgo acaban fracasando”, explica. Cree que deberían haber previsto contratar monitores de apoyo, profesores en prácticas, o hacer lo que han hecho en Francia, donde las clases online se las han asignado a los docentes que por ser personal en riesgo están en su casa.

Cuando a un portavoz de la consejería madrileña se le pregunta qué van a hacer para garantizar el derecho fundamental a la educación, apunta en otra dirección: “Los centros educativos son los encargados de organizar las tareas y deben garantizar la continuidad de la actividad educativa, tanto presencial como a distancia, en caso de confinamiento”. Pero los directores alegan que no les han entregado los medios necesarios para cumplir con esta tarea.

“Es normal que las familias protesten porque les contaron que habría clases online. Pero no tenemos una conexión que permita atender a la vez a los que están en clase y los que están en casa, y si la usan en la escuela, no da para que se conecten los confinados. En el 90% de los centros no es viable”, explica Esteban Álvarez León, presidente de la asociación de directores madrileños de Secundaria. Instalar la red necesaria supone unos 10.000 euros, según Álvarez —que la puso en su centro—. “No nos han llegado ni los dispositivos, ni las cámaras prometidas, y luego se gastan 17 millones de euros en contenidos digitales que ya están accesibles gratis en Internet”, apunta. Aunque cuenta que en algunos casos los docentes pelean para llegar como sea a sus alumnos y se conectan hasta con el 3G de su móvil.

La consejería madrileña responde, sin dar plazos, que está desplegando redes wifi de alta velocidad en todos los centros y que tiene previsto entregar 1.500 teléfonos corporativos para directores, 2.500 portátiles para los equipos directivos y 5.000 ordenadores de sobremesa, aunque no aclara cuándo. “Y en dos semanas llegarán las cámaras”, completa.

Precisamente las cámaras son un punto de conflicto en los centros donde ya estaban: hay profesores que se niegan a usarla. “En la reunión de padres el director nos dijo que no puede obligar a los profesores a usarla, y varias profesoras contaron que no se sentían preparadas para dar clases online. No nos lo creíamos. ¡Pero es su trabajo, con cámara o como sea!, ¿no?”, se pregunta María Fernández, madre de una alumna de tercero de ESO de un instituto de Leganés (Madrid). Enrique Jabares, de la asociación andaluza de directores, lamenta que el director de Leganés tuviera razón. “Es el riesgo de no regular por ley cómo debe ser la docencia online y las obligaciones de los maestros”, señala.

Los estudiantes de secundaria y bachillerato viven estas carencias y esta falta de previsión entre la preocupación y la indignación. Andrea Henry, de la confederación de asociaciones de alumnos y alumnas CANAE, cree que hay descoordinación. “No hay un plan que regule nada de forma unificada, en cada instituto y cada comunidad es distinto”, señala. “Los problemas los están teniendo los centros que optaron por clases presenciales: no han diseñado un plan b y no tienen la manera de impartir la docencia online, y cuando envías a los alumnos a casa, quedan desatendidos. Al final pagamos el pato de su desorganización los alumnos”, concluye.

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