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La UE pacta un salto histórico en su modelo presupuestario para frenar la crisis de la covid-19

La UE pacta un salto histórico en su modelo presupuestario para frenar la crisis de la covid-19

Por primera vez en su historia, el club se endeudará para financiar un estímulo económico extraordinario con 390.000 millones de euros en subvenciones y 360.000 millones en créditos


El presidente Pedro Sánchez (izquierda), el presidente francés, Emmanuel Macron, y la canciller alemana, Angela Merkel, examinan documentos durante la cumbre de la UE en Bruselas este lunes.

Acuerdo. La Unión Europea ha pactado a las 5.30 de la madrugada de este martes el mayor salto en su modelo presupuestario desde que hace 30 años estableció el marco financiero plurianual y dobló los recursos destinados a la cohesión. Los 27 socios de la Unión, por unanimidad, han acordado establecer un fondo de reactivación para paliar los daños económicos de la covid-19 dotado con 750.000 millones de euros, y un marco financiero para 2021-2027 de más de un billón de euros. Por primera vez en la historia de la UE, las subvenciones se financiarán con emisiones de deuda conjunta, un hito en la evolución presupuestaria de un club que nunca se había adentrado tanto en la senda de una posible unión fiscal.
“Deal”, ha anunciado el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, a las 5.30 de la mañana. Un escueto tuit en inglés que remataba cinco días de cumbre europea, una de las más largas de la historia de la UE. El anuncio provocaba una cascada inmediata de declaraciones y reacciones, muchas de ellas colocando el énfasis en el alcance del acuerdo alcanzado. “¡Un día histórico para Europa!”, ha proclamado inmediatamente el presidente francés, Emmanuel Macron, uno de los artífices, junto a la canciller alemana, Angela Merkel, del mayor pacto financiero en la historia del club: 1,8 billones en total, incluidos los 750.000 millones de euros del fondo contra la crisis de la pandemia.
El fondo nace tras la fiera resistencia de un pequeño grupo de países, liderado por el primer ministro holandés, Mark Rutte, que durante cuatro días y cuatro noches ha intentado reducir todo lo posible la ambición de las propuestas presupuestarias y someter las ayudas a un derecho de veto que podría inutilizarlas. Aparte del reflejo austero, Países Bajos y sus aliados -Suecia, Austria y Dinamarca- temían, sobre todo, que se abriese camino la emisión de deuda para financiar subvenciones. Un precedente que los autodenominados frugales no han logrado evitar.
Las larguísimas negociaciones, no exentas de tensión y roces entre los socios, se han saldado con un pacto que recorta en parte el programa de subvenciones de medio billón de euros propuesto por la Comisión Europea, pero mantiene una potencia de tiro considerable y evita la amenaza de veto de cualquier capital. Y marca un hito en la evolución presupuestaria de la UE que será muy difícil de obviar en el futuro, sobre todo, ante crisis de la magnitud de la provocada por la pandemia, con las mayores caídas del PIB desde la II Guerra mundial.
El plan pactado por los 27 destinará 390.000 millones a subsidios y 360.000 millones a préstamos, desembolsables en un 70% entre 2021 y 2022. Bruselas calcula que la suma del fondo, del próximo marco presupuestario (1,074 billones) y de la triple red de seguridad de préstamos para sistemas de regulación de empleo, gasto sanitario y avales a empresas (540.000 millones entre los tres mecanismos), logrará una movilización de recursos equivalentes al 17% de la Renta Nacional Bruta (RNB) de la UE, superior a la acometida por EE UU (15,9%) o China (4,2%) para responder a la pandemia.
Pero más allá de la envergadura financiera de la reacción comunitaria, la gran trascendencia del pacto sobre el fondo estriba en su diseño sin precedentes. Por primera vez en su historia, la Unión Europea se endeudará, y de manera masiva además, para lanzar un plan de subvenciones y créditos destinado a paliar el impacto de la crisis desencadenada por la covid-19 y para mitigar el riesgo de fragmentación económica entre los socios comunitarios.
Hasta ahora, la Unión nunca había emitido deuda para financiar un programa de transferencias directas desde la caja central hacia los países necesitados, en este caso, por sufrir las consecuencias económicas de la pandemia. Los instrumentos de cohesión, como los fondos estructurales o la política agrícola común, se sufragan con la aportación anual de los Estados y con los ingresos propios de la Unión, como los aranceles. Las ayudas para la pandemia, en cambio, se financiarán con números rojos amortizados de manera conjunta por los Estados durante 30 años.
La fórmula del endeudamiento era un tabú para países como Alemania o Países Bajos. Pero a raíz de la pandemia, la canciller alemana, Angela Merkel, anunció el 18 de mayo junto al presidente francés, Emmanuel Macron, una propuesta para crear un fondo de medio billón de euros en subvenciones para paliar los daños de la covid-19.
El giro de Merkel cogió desprevenidos a propios y extraños, incluido el lado francés, que no se esperaba tamaña concesión. Pero, sobre todo, sorprendió con la guardia baja a Rutte y sus aliados, que confiaban en Berlín para frenar cualquier atisbo de mutualización de la deuda cuando la pandemia abrió el debate sobre los eurobonos y los coronabonos.
La fórmula propuesta por Merkel y Macron, e incorporada a la propuesta de la Comisión, no va tan lejos como los eurobonos, pero acepta que se utilice el presupuesto comunitario, previa ampliación del techo de gasta hasta el 2% de la Renta Nacional Bruta, para colocar deuda en los mercados e inyectar esos recursos en forma de subvenciones.
La propuesta desarboló a los frugales, que en apenas unos días intentaron armar un contraataque. Su plan alternativo, sin embargo, se resignaba a aceptar parte del proyecto franco-alemán, incluida la ampliación del techo de gasto del presupuesto comunitario para emitir deuda. Su única petición es que se transfiriera en forma de crédito y no de subvenciones. Han mantenido esa exigencia durante semanas. Pero han claudicado durante la cumbre ante la evidencia de que la inmensa mayoría de los socios apoya la propuesta de la Comisión. El acuerdo de este 21 de julio marca así un hito en la gestión de las cuentas del club, que nunca antes se había aventurado por un camino que apunta, aunque sea en la lejanía, hacia la unión fiscal.
El precio para lograr el pacto ha sido elevado. Y no sólo en términos de esfuerzo y recursos humanos, con una cumbre europea que se ha prolongado desde las 10 de la mañana hasta la madrugada del martes, sino de valiosas concesiones políticas a unos socios y otros para llegar a la unanimidad.
La factura más tangible ha sido el mantenimiento de los llamados cheques, los descuentos en la contribución al presupuesto comunitario que inauguró Reino Unido y que la Comisión Europea pretendía extinguir tras el Brexit. El acuerdo los mantiene para cinco de los contribuyentes netos -Alemania, Países Bajos, Suecia, Austria y Dinamarca- e incluso los amplía. La rebaja ascenderá a 52.000 millones de euros durante los próximos siete años. Los cuatro frugales se ahorrarán 27.000 millones, con La Haya apuntándose la mitad, 13.500 millones. Los frugales arrancan ese privilegio a pesar de que, según Bruselas, figuran entre los principales beneficiarios del mercado interior.
Menos visible, pero mucho más preocupante para muchas fuentes comunitarias, es la renuncia a un control estricto del respeto al Estado de derecho en la gestión de los fondos comunitarios. La iniciativa había sido impulsada desde hace meses por el Gobierno de Angela Merkel, entre otros, como reacción a las sospechas de enriquecimiento a costa del presupuesto de la UE que pesan sobre algunos oligarcas de Europa central vinculados a los políticos en el poder. Pero el mecanismo de vigilancia se ha descafeinado para no provocar el rechazo de socios como la Hungría de Viktor Orbán. Días antes de la cumbre, Alemania, que asumió el 1 de julio la presidencia semestral de la UE, dejaba claro que la prioridad era aprobar los planes de recuperación aunque fuera a costa de sacrificar ciertos objetivos, como el del mecanismo del Estado de derecho.
Otras concesiones, más directamente ligadas al fondo, se han logrado evitar en parte. Rutte, por ejemplo, reclamaba un derecho de veto para la liberación de las ayudas ligadas a la pandemia con el objetivo de frenar el flujo de recursos hacia los países que no acometan la reformas para las que reciban financiación. La propuesta provocó el rechazo casi unánime del resto de los socios, que temían la parálisis del fondo, y de la Comisión Europea, que veía invadidas sus competencias.
El acuerdo final prevé la aprobación de los planes nacionales de reforma por mayoría cualificada, es decir, sin derecho de veto. Y la evaluación para autorizar el desembolso dependerá de la Comisión, previa opinión del Comité económico y financiero (donde se sientan técnicos de los ministerios de Economía de los 27). Si uno o más miembros de ese comité planteará objeciones, el expediente podría elevarse al Consejo Europeo (Jefes de Estado y de Gobierno) que dispondrá de tres meses para pronunciarse.
La Comisión se da por satisfecha con esa solución porque no establece un veto directo, sino una fórmula para parar el reloj. La decisión final siempre se adoptará por mayoría, sin veto, tras el pronunciamiento de los líderes de la UE. Y si el Consejo no se pronuncia en el plazo previsto, el expediente seguirá su tramitación normal y la última palabra volverá a la Comisión. El mecanismo no genera tanta incertidumbre como el propuesto por Rutte, pero aun así expone los desembolsos a una intervención política por parte del Consejo que, caso de pronunciarse en contra, podría equivaler a un veto político de facto.

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