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La regulación del teletrabajo dispara las alarmas entre los empresarios

La regulación del teletrabajo dispara las alarmas entre los empresarios

El Gobierno dice que buscará consensuar la norma en el marco del diálogo social tras las advertencias de la CEOE

María Jesús Montero, ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno

Tan solo un día después de que el diálogo social alumbrara un acuerdo sobre la extensión de los ERTE ligados al Covid, la futura regulación del teletrabajo ha irrumpido como un elefante en una cacharrería en la relación entre Gobierno y empresarios. La ministra de Hacienda y portavoz, María Jesús Montero, tuvo que salir ayer a lanzar un mensaje de calma y garantizar que la nueva regulación se hará «en el seno del diálogo social», después de que las ideas planteadas por Trabajo en las consultas públicas y borradores para su próxima regulación despertaran fuertes recelos entre los empresarios.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, había criticado las intenciones de legislar «rápidamente» esta materia y había pedido «mesura» al Gobierno ante una situación con posibles efectos catastróficos: si a una empresa le ponen condiciones imposibles de cumplir puede contratar fuera de España, en Portugal o en Brasil, advirtió. «Si tengo que contratar y se me ponen condiciones imposibles y que no pueda gestionar a mi plantilla, mañana puedo decidir contratar en Portugal... El mundo es global y la digitalización es global. Cuidado con cómo se plantea esto», aseveró en una entrevista a «Onda Cero».
Garamendi contestaba así al anteproyecto de Ley, que adelantó ayer el diario «El País», y que señala que las empresas deberán sufragar «en su totalidad» el desarrollo del teletrabajo y que no podrá conllevar gastos añadidos para el empleado, ya sean directos o indirectos, como los «relacionados con los equipos, herramientas y medios vinculados al desarrollo de su actividad laboral». Aunque no se detallan las fórmulas por las que las empresas deben compensar estos gastos sí que se refleja que el teletrabajador tiene «derecho a la compensación total de gastos» y apunta a los complementos específicos como ejemplos.
Las palabras de Garamendi tampoco sentaron bien en el departamento que dirige Yolanda Díaz, lo que motivó que Montero optara por lanzar un mensaje de calma durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. «Por ahora hay borradores que son solo eso, borradores», dijo. «Será en el marco del diálogo social donde habrá que regular una nueva realidad que ha llegado para quedarse», añadió, para acto seguido incidir en que «tenemos que ser capaces de que esta nueva realidad sea compatible con los derechos de las empresas y de las personas». Aun así, remarcó: «Solo cuando tengamos un acuerdo se tramitará pero ahora son solo herramientas».

Horario flexible

Según el anteproyecto de ley de trabajo a distancia, los teletrabajadores tendrán derecho al «horario flexible» y podrán «alterar» dicho horario respetando la normativa sobre tiempo de trabajo y descanso, salvo en los casos de disponibilidad obligatoria o dentro de los límites que se hayan pactado. Además, se establece que las personas que tengan una jornada reducida por cuidado de menores de doce años tendrán prioridad para acceder a esta modalidad, así como aquellas que estén en con lactancia natural o sean víctimas de violencia de género o terrorismo. Igualmente establece el trabajo a distancia ocasional con hasta un máximo del 60% de la jornada.
El nuevo esquema de ERTE mantiene la vigencia de la fuerza mayor pero allana el camino de transición hacia los esquemas por causas objetivas
Además, el Consejo de Ministros dio luz verde a la prórroga de tres meses, hasta el 30 de septiembre, para los ERTE ligados al Covid y a la prestación extraordinaria de los autónomos que se hayan visto afectados por la pandemia. Montero aprovechó su intervención para destacar la importancia de que se haya llegado a un acuerdo en el marco del diálogo social, siguiendo la misma línea de Yolanda Díaz el día anterior. «Las soluciones que necesita este país deben tener el mayor consenso posible. Es obvio que los españoles necesitan más política útil y menos ruido y crispación», dijo.

Sin alivio fiscal a los ERTE

Sin embargo, descartó que el Gobierno se esté planteando alguna modificación en la fiscalidad que tendrán los ERTE para la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). «No hay ninguna perspectiva de cambiar ningún elemento en esta materia», dijo, y defendió que hace falta una fiscalidad «justa» en la que «aquellos que más reciben, más aporten», para que «posteriormente puedan recibir, entre otras cosas, las prestaciones a las que estamos dando lugar». Los expertos fiscales han alertado de que un trabajador que gane un salario medio de 23.646 euros y haya cobrado paro de marzo a junio, deberá ingresar al Fisco 1.322 euros en 2021, más que un sueldo de 90.000 euros.
El nuevo esquema de ERTE mantiene la vigencia de la fuerza mayor pero allana el camino de transición hacia los esquemas por causas objetivas. Así, los ERTE de fuerza mayor van reduciendo las exoneraciones de los trabajadores suspendidos pero se bonifican más las cotizaciones de los trabajadores activados. «El beneficio es mayor si los trabajadores se reincorporan. Es de lo que se trata», explicó Montero, y defendió que «estas medidas incentivan la recuperación de la actividad».
La ministra incidió en que esta «arquitectura» de los ERTE está permitiendo que las empresas tengan un instrumento que dé alternativas que no provoquen «directamente una salida del mercado laboral». Y señaló que la pandemia ha permitido que ya no se vea a estos esquemas como algo exclusivamente diseñado para las grandes empresas, sino que se ha «capilarizado» y «está ayudando» también a las pequeñas.
En cuanto a los autónomos, el Consejo de Ministros también aprobó la prórroga hasta el 30 de septiembre de la prestación extraordinaria por cese de actividad que se habilitó a mediados de marzo. Esto incluye la exención de las cuotas de la Seguridad Social para los trabajadores por cuenta propia que vinieran percibiendo la prestación, que incluía tanto una ayuda económica como una exención de las cuotas. Así, estos trabajadores no pagarán la cuota de julio y tendrán una exención del 50% en agosto y del 25% en septiembre.
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