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Justicia no logra sumar los muertos por coronavirus que se comunican a los registros

Justicia no logra sumar los muertos por coronavirus que se comunican a los registros

El ministerio sigue sin poder ofrecer datos "fiables" después de mes y medio después de reclamar las licencias de enterramiento

Familiares de un fallecido por Covid-19, en el Cementerio Sur de...

amiliares de un fallecido por Covid-19, en el cementerio Sur de Madrid. JAVIER BARBANCHO
El Ministerio de Justicia no ha conseguido saber el número de fallecimientos registrados en España durante la crisis del coronavirus. Mes y medio después de ordenar a los registros civiles que le informaran diariamente de las licencias de enterramiento que emitían, el departamento que dirige Juan Carlos Campo sigue sin ofrecer resultados.
La Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública se puso en marcha el pasado 4 de abril para intentar obtener esa información. Remitió a los registros una instrucción indicando que todos los días, al concluir la jornada, debían remitir sus datos a un correo electrónico.
Nada más activarse se comprobó que ese sistema no podía funcionar: aunque no todos respondían, el correo se colapsaba pronto. Unos días después probó un nuevo método que consistía en que los registros completaran un formulario en la web. Ya no hubo colapso, pero tampoco datos completos, porque parte de los registros no lo hacían, o lo hacían de forma incorrecta.
Los datos que se pedían no incluían la causa oficial de muerte, una información que desde hace años no recopilan los registros. Reciben los certificados médicos con la causa de muerte -que son imprescindibles para inscribir el fallecimiento-, pero la causa no queda reflejada luego en ningún documento registral.
El certificado médico se remite al Instituto Nacional de Estadística (INE), que con ello elabora las estadísticas de causas de muerte. El dato lo ofrecen con un desfase de más de un año.

REGISTROS DESBORDADOS

Lo que sí podrían aclarar los datos que Justicia ha intentado recabar es el ritmo de fallecimiento en España por todas las causas. Con ello, según explicaba en su primera instrucción, se pretendía "ofrecer a los ciudadanos una información veraz, contrastada y lo más objetiva posible, que permitirá también a las autoridades sanitarias poner el foco en aquellos lugares donde los índices de mortalidad se han visto incrementados".
En esas primeras semanas de pandemia, los registros civiles se vieron desbordados por la cantidad de comunicaciones de fallecimientos. Se priorizó la emisión de las licencias de enterramientos para no acumular los cadáveres.
Eso ralentizó la inscripción del fallecimiento en el registro -que urgía menos que la licencia-, lo que creó un desfase de datos entre el número real de muertos y las defunciones inscritas.
Esta falta de inscripciones provocó, a su vez, imprecisiones en las estimaciones de mortalidad que hace el MoMo, (el Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria, dependiente del Ministerio de Sanidad). El MoMo obtiene sus datos de los registros informatizados, que cubren el 93% de la población. Pero si las inscripciones van con retraso, las estimaciones se alejan de la realidad.

FORMULARIOS INCOMPLETOS

La orden de Justicia a los registros debía paliar esa deficiencia. Al final no se ha conseguido, aunque el ministerio sí envía al MoMo los datos de licencias de enterramiento que le van llegando. Actualmente, esa información ha perdido algo de valor, ya que los registros han ido solventando el atraso en la inscripción de defunciones.
Justicia explica que, pese a la orden dada, hay registros que no completan el formulario que se les presenta, en el que deben rellenar la fecha y localidad del fallecimiento, así como si éste se había producido en un domicilio, un hospital o una residencia.
En España hay algo más de 8.000 registros, si bien la mayor parte de la actividad la centran los 431 registros municipales principales. El resto son juzgados de paz.
"Hasta el momento, los datos que han llegado al ministerio de licencias de fallecimiento no son completos e impiden trasladar una imagen fiable de la incidencia de la Covid-19 en la mortalidad general", explica Justicia. "Esa es la razón por la que, hasta ahora, no se han publicado, como es intención del ministerio".

LAS DOS CASTILLAS

Los que han ofrecido datos de los registros han sido los Tribunales Superiores de Justicia que se lo han propuesto: los de Castilla-La Mancha y Castilla y León. En ambos casos han arrojados cifras muy superiores a las que contabiliza Sanidad.
La radiografía se limita a esas dos comunidades porque otros tribunales superiores han interpretado que no tienen competencia para hacer lo que han hecho los castellanos. También Justicia considera que es el ministerio, y no los TSJ, el que tiene competencia sobre los registros. Aunque no consiga sus datos.
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