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El micrófono en el coche que dos inspectores corruptos no supieron ver

La fiscalía pide 29 millones de multa para dos policías por integrarse en una banda de ‘narcos’


Incautación de un alijo de cocaína en el puerto de Barcelona, el pasado enero.

Incautación de un alijo de cocaína en el puerto de Barcelona, el pasado enero.EL PAÍS
Cale y Paco son los apodos de dos inspectores del Cuerpo Nacional de Policía (CNP) de Barcelona que debían combatir el crimen y acabaron, presuntamente, vendidos al narcotráfico. Calixto M., Cale, y Francisco Ll., Paco, el uno en activo y el otro incapacitado, eran dos piezas clave en una organización que trató de introducir en España y en Europa grandes cantidades de cocaína a través del puerto de Barcelona. Por su trabajo, ambos “conocían las técnicas de investigación para perseguir el narcotráfico”. Su misión en la trama era “instruir y aleccionar” a los demás para que pudieran llevar a cabo la actividad de forma segura y sin riesgos. Fracasaron.
La fiscalía pide 18 años de cárcel para Cale y otros 13 para Paco por tráfico de drogas, a quienes exige además el desembolso de una suma descomunal: 29 millones de euros, según el escrito al que ha accedido EL PAÍS. El juicio comenzará en abril. En el banquillo les acompañarán otras 30 personas; todas ellas, según la fiscal, operaban siguiendo las detalladas instrucciones de los dos inspectores. Gracias a los sabios consejos de Cale y Paco y a su información privilegiada, debían estar a salvo. Y lo estuvieron, al menos entre 2014 y 2017, fechas en las que la Fiscalía centra su escrito.
La juez de instrucción y los Mossos d’Esquadra se toparon con enormes dificultades para dar caza a los policías corruptos. Pero lograron ir un paso por delante con una técnica de investigación de nuevo cuño y con la que los dos veteranos investigadores no contaban. Instalaron micrófonos ocultos en los coches de dos de los sospechosos —un Kia Sorento y un Opel Corsa—, donde los dos inspectores mantuvieron algunas de las conversaciones más suculentas, en especial sobre la llegada de contenedores de droga desde Colombia.
Adscrito al grupo I de la UDYCO —dedicado, precisamente, a combatir el tráfico de drogas—, Cale daba las instrucciones sobre cómo había que comunicarse y dónde había que reunirse. Aconsejó, por ejemplo, reducir las llamadas telefónicas y usar en cambio la aplicación Wickr, que permite eliminar los mensajes “en pocos instantes”. Los encuentros debían ser en viviendas particulares, en cafeterías —preferiblemte de polígonos industriales— y, sobre todo, en el interior de los coches, considerados un espacio privado, íntimo y seguro. Al volante, los investigados realizaban maniobras para asegurarse de que no los seguían; ignoraban, en cambio, que la trampa estaba dentro.
Las conversaciones grabadas por orden judicial en esos coches revelan los planes de la red para traer cocaína desde Sudamérica. También, las intenciones de Cale de hacerse con un puesto del CNP que iba a quedar vacante en el puerto de Barcelona para “favorecer la entrada de cargamentos” de cocaína. A finales de 2016, de hecho, los Mossos le grabaron a primera hora de la mañana circulando con las luces prioritarias del coche policial por una de las terminales de contenedores. Para tantear el terreno. Los diálogos en el Kia y el Opel destapan igualmente el rico léxico que manejaba el grupo para referirse a la cocaína: “catálogos”, “coches”, “comida”, “equipaje de fútbol”, “fotos de chicas”, “primas”, “bambas”, “buda”, “monster”, “mercedes” o “hublot”.
Mientras Paco se encargaba de organizar entregas de droga, lo que daba valor a la figura de ale era su condición de funcionario, con acceso a datos de valor. Cuando la trama sospechaba de algún seguimiento, preguntaba al inspector. Cale identificó matrículas de coches oficiales no logotipados tanto de Mossos como de la unidad de asuntos internos de la Policía. También investigó a Javier Z., un miembro de la banda que, cuando quiso dejar el negocio, fue amenazado. La fiscalía constata que los dos inspectores se reunieron con él para convencerle de que volviera en un restaurante chino y en una pensión de Cornellà (Barcelona). Cuando se negó, el inspector consultó sus propiedades y facilitó al grupo “datos para la localización y asedio” de Javier Z., lo que supuso un “grave perjuicio para su seguridad”. Al final, el arrepentido se marchó de casa a tiempo y destapó la corrupción policial ante los Mossos. Fue el principio del fin.
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