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La Policía militar radicaliza su motín en el noreste de Brasil

Los agentes, que tienen prohibido por ley el derecho de huelga, toman batallones en el noreste del país. Un senador que plantó cara a los huelguistas fue tiroteado


La revuelta policial en Ceará, al noreste de Brasil.

La revuelta policial en Ceará, al noreste de Brasil. EFE
La huelga de policías militares en el Estado de Ceará, al noreste de Brasil, ha evolucionado en una escalada de tensión que tuvo su auge el pasado miércoles, cuando Cid Gomes, un prominente senador de dicho estado y opositor al Gobierno de Jair Bolsonaro, recibió dos disparos. La escena entera fue un síntoma de la situación casi surrealista que se vive. El senador, que conducía una excavadora, intentó entrar en un área militar ocupada por encapuchados —supuestamente policías militares— en la ciudad de Sobral y arremetió contra la valla que los separaba y contra los manifestantes que había detrás de ella. Gomes evoluciona favorablemente, pero el episodio ha agravado una crisis que se empezó a dibujar a finales del año pasado, con las negociaciones por el ajuste salarial para un sector que, debido a la posesión de armas de fuego y su carácter militar, tiene prohibido ir a huelga.
En medio de una corporación dividida y una crisis que ha sido explotada hasta la saciedad por los políticos locales y nacionales, el ala más radical de la Policía ha emergido como un nuevo y fortalecido protagonista. El sector más radicalizado está formado principalmente por jóvenes soldados que abanderan un discurso autoritario. Su postura es cada vez más popular entre los policías desde que resurgieron las protestas el pasado martes y su visión de mano dura ha sido aupada por la llegada a la presidencia del ultraderechista Bolsonaro.
Camilo Santana, gobernador de Ceará y militante del Partido de los Trabajadores (la principal formación de oposición) incorporó el año pasado algunas de las demandas de los policías para tratar de aplacar las protestas. Aunque algunas asociaciones ligadas a los agentes aceptaron llegar a un acuerdo, parte de la base lo rechazó y se rebeló. Desde entonces, varios batallones han sido ocupados en diferentes ciudades. Y el clima de pánico se ha apoderado del Estado en vísperas del Carnaval. Hasta este sábado, cuatro policías han sido detenidos y otros 300 son investigados por delitos que van desde la toma de coches patrulla al incendio de vehículos de ciudadanos críticos del movimiento. Se han producido al menos 51 muertes en las últimas 48 horas en la región, cuando el promedio era de seis asesinatos diarios en 2020 hasta entonces, según un estudio de la web G1.
"Ha sido la primera vez en la vida que hemos visto un cuartel ocupado de esa manera. Todos encapuchados. Es imposible saber cuántos de ellos son policías, y si son realmente policías", relató el senador por São Paulo, Major Olímpio, que visitó uno de los batallones ocupados, en Fortaleza. Su declaración sorprende porque, además de haber sido elegido por la base bolsonarista, mantiene vínculos con los policías de São Paulo. Olímpio integró la comitiva de senadores que se desplazó hasta Ceará para buscar una salida a la crisis. El grupo teme que la situación que se vive en Ceará provoque un efecto dominó que desate la violencia en el resto del país, dado que policías de al menos seis Estados también exigen mejoras salariales.
Cuando se ponen los reflectores sobre Ceará, se hace evidente que las distintas estrategias de políticos locales y nacionales han ayudado a que la crisis se trasforme en una bomba de relojería difícil de desactivar. Bolsonaro, principal autoridad del país y elegido con el apoyo de sectores policiales y militares, todavía no ha condenado los motines en las unidades militares de Ceará. En su mensaje semanal en Facebook, el presidente anunció el jueves pasado que había autorizado el envío de las Fuerzas Armadas al noreste y volvió a defender la aprobación en el Parlamento de una amnistía legal anticipada para los militares que participaran en la crisis. Si se aprueba esa amnistía, quienes eventualmente maten a alguien durante la operación, no podrán ser investigados ni castigados.
Horas antes, el exministro Ciro Gomes —militante del Partido Democrático Laborista, hermano del senador tiroteado y rival de Bolsonaro en las últimas elecciones presidenciales ya había acusado al presidente de apuntalar a los manifestantes más radicalizados. "¿Acaso se atrevería un chico de veintipocos años a disparar así a alguien si no creyese que está al servicio del mayor poder en Brasil?", cuestionó.
La discusión sobre la amnistía ha acaparado tantos reflectores como el motín. El gobernador Santana ―aliado de los hermanos Gomes― ya ha rechazado la propuesta. El Gobierno no ha despedido a ningún huelguista hasta la fecha, pero ya ha anunciado que recortará los sueldos de quienes no acudan a trabajar. Aun así, los policías han decidido que mantendrán los paros. "Los que pueden solucionarlo se están equivocando de estrategia. Ellos [los policías] ahora necesitan luchar para garantizar al menos la amnistía", dice el concejal de Fortaleza, Sargento Reginauro, que construyó su carrera política apoyando movilizaciones policiales en el pasado en Ceará.
La propia existencia del concejal Reginauro demuestra que las tensiones que explotan ahora no son nuevas. La actual crisis reverbera otro movimiento huelguista, de hace casi una década, que influyó en las políticas de seguridad  y en la vida política de Ceará. Desde entonces, líderes surgidos de asociaciones policiales compiten por cargos públicos en las elecciones.
Cuando los policías militares de Ceará anunciaron una huelga en diciembre de 2011, Capitão Wagner ―un diputado suplente hasta entonces desconocido más allá de las corporaciones policiales― empezó a despuntar como principal líder del movimiento. Wagner, muy presente en las redes sociales, aglutinaba a su alrededor varias fuerzas de un sector que cuenta con al menos ocho asociaciones representativas. La huelga lo catapultó. Ese mismo año se convirtió en el concejal más votado de la historia de la capital del estado, Fortaleza. Después, conquistó mandatos en la Asamblea Legislativa y en la Cámara Federal. Y, además, ayudó a que al menos otros tres policías ocuparan cargos parlamentarios. Esta semana, Capitão Wagner ha usado las redes para denunciar la "falta de diálogo" del Gobierno con los policías mientras se prepara para disputar la alcaldía de Fortaleza, la quinta ciudad más grande de Brasil, en las elecciones municipales de este año.
"No hay una representación homogénea [en el movimiento de los policías militares de Ceará]. No se puede tratar como si fuese una sola cosa", explica el diputado local Renato Roseno, del izquierdista Partido Socialismo y Libertad, muy activo en el área de seguridad y derechos humanos. Para él, un sector más radicalizado de ese movimiento, compuesto en su mayoría por soldados, estaría operando principalmente en la periferia de la capital y en ciudades del interior. "Hay policías actuando como grupos milicianos, aterrorizando a la población", acusa.
El investigador Luiz Fábio Paiva, de la Universidad Federal de Ceará, insiste en otro punto: el histórico proceso de intervención política en las policías. "Cada nueva gestión tuvo como objeto a la Policía Militar. En Ceará, tuvimos a políticos probando programas de seguridad que interferían en la estructuración de las policías. Eso produce efectos", explica Paiva. El investigador le agrega el peso del escenario político nacional: "Tenemos un Gobierno Federal que estimula la violencia, la agresión contra políticos de la oposición, contra periodistas, contra quienes piensan diferente. Hay que estar pendientes de la repercusión de este discurso en las bases de las policías", advierte.
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