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China detiene a un conocido activista prodemocracia durante un registro por el coronavirus

Xu Zhiyong, que pasó cuatro años en prisión, llevaba dos meses escondido tras participar en un evento en favor de una transición en el país



Xu Zhiyong, durante un encuentro en Pekín en 2013.


Xu Zhiyong, durante un encuentro en Pekín en 2013.  REUTERS 
Las fuerzas de seguridad de China han detenido este fin de semana a Xu Zhiyong, un conocido activista prodemocracia, según han informado sus compañeros. Xu, pese a llevar dos meses escondido, había recurrido a las redes sociales para criticar con dureza la gestión de la crisis sanitaria con motivo del coronavirus.
El activista estaba guarecido en Guangzhou, en casa de Yang Bin, abogada y exfiscal, cuando la policía accedió a la vivienda con el objetivo de realizar un registro como parte de las medidas de protección contra el coronavirus. Tanto ella como su marido, su hijo y el propio Xu fueron arrestados por los agentes. Los miembros de la familia, no obstante, fueron puestos en libertad el domingo tras ser interrogados, según ha relatado Yang en declaraciones recogidas por el diario hongkonés South China Morning Post. “Estamos bien y a salvo, gracias por vuestra preocupación”, ha asegurado la letrada antes de añadir que no podía hacer comentarios respecto al paradero actual de Xu o los motivos de su detención.
Xu evadía a las autoridades desde hace dos meses. Todo empezó cuando en diciembre asistió a un evento en Xiamen, en el sur del país, para debatir acerca de la transición democrática en China. En ese momento, las fuerzas de seguridad lanzaron una campaña para localizar y detener a todos los participantes. Otros cuatro reconocidos activistas –Li Yingjun, Zhang Zhongshun, Dai Zhenya y Ding Jiaxi– permanecen bajo custodia policial sin poder comunicarse con sus abogados. “Xu estaba escondido y reuniéndose con diferentes amigos en varias ciudades, intentando avanzar en su proyecto de desarrollar movimientos civiles. Pero quedó atrapado en cuanto los controles a causa de la epidemia del coronavirus comenzaron a implementarse por todo el país”, aseguraba un compañero del detenido al mismo medio.
A pesar de su precaria situación, Xu se había mantenido activo en redes sociales, donde se mostraba muy crítico con la actuación del Gobierno. A principios del mes de febrero, con la ciudad de Wuhan ya en cuarentena, publicó un artículo en el que reclamaba la dimisión de Xi Jinping, dada su “incapacidad de controlar grandes crisis”. Además del coronavirus, citaba como ejemplos las protestas prodemocracia en Hong Kong o la guerra comercial con Estados Unidos. En su opinión, la ideología política de Xi es “confusa”, su modelo de gobierno “desfasado”, y él, “poco listo”. “Hace cuatro años te pedí que liderases a China para convertirla en una nación respetuosa con la democracia y la constitución, pero a cambio fui encarcelado durante cuatro años”.
Con estas últimas palabras, Xu hacía referencia al juicio que encaró en 2014 por “convocar una multitud y alteración del orden público”. Esta acusación fue la respuesta del Ejecutivo a una serie de protestas organizadas en 2012 y 2013 por la ONG que lidera, Movimiento de Nuevos Ciudadanos, y en las que se reclamaba mayor transparencia política y justicia social. Ni el activista ni su abogado defensor tomaron la palabra durante el proceso judicial, a modo de protesta contra la violación de principios legales básicos. Con anterioridad, Xu se había desempeñado como profesor en la Universidad de Telecomunicaciones de Pekín y llegó a ganar dos elecciones al Congreso Popular del Distrito de Haidian –uno de los barrios de la capital– como independiente en 2003 y 2006, hasta que su candidatura fue vetada.
Tras unos primeros días de relativa permisividad, el Gobierno chino ha recuperado la mano dura ante las crecientes voces discordantes que provienen de fuera, pero sobre todo de dentro de sus fronteras. Hace dos semanas, Xi presidió una reunión del Comité Permanente del Partido –el más alto escalafón jerárquico, en el que solo participan las siete personas más poderosas del aparato–, en la que se acordó que los representantes oficiales deben mantener un control firme de redes sociales y opinión pública hasta “ganar la guerra al virus”. Al día siguiente, el Ministerio de Seguridad Pública recordó a todos las fuerzas de seguridad del Estado que la seguridad política es una de las mayores prioridades a la hora de lidiar con la epidemia.
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