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El secreto mejor guardado de la Iglesia (y el Estado)

Justicia lleva a Transparencia a los tribunales para no desvelar los miles de bienes que los obispos han inscrito a su nombre


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Plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares. INMA FLORES
Iglesias, ermitas, catedrales, pero también plazas, casas parroquiales, frontones y cementerios. La Iglesia católica inscribió a su nombre en los registros de la propiedad decenas de miles de bienes inmuebles desde que en 1946 la Ley Hipotecaria permitiera inmatricular (registrar por primera vez) cualquier parcela o edificio sin presentar documentación que acreditara su propiedad, únicamente con la firma del obispo. Solo entre 1998 y 2015 la Iglesia inscribió más de 30.000 fincas, según el listado que el Colegio de Registradores entregó al Gobierno en febrero de 2018. Su contenido permanece secreto. El Ministerio de Justicia ha recurrido la resolución del Consejo de Transparencia que dictaminaba que debía hacerlo público.
Ayuntamientos y particulares esperan que se haga público para comprobar qué bienes están incluidos e iniciar, si así lo consideran oportuno, pleitos para tratar de recuperar la propiedad. Los expertos creen que cuando las inmatriculaciones de la Iglesia salgan a la luz se va a producir una riada de demandas judiciales por toda España. En muchos municipios se desconoce si bienes que siempre habían pertenecido al pueblo sin estar a nombre de nadie han sido inmatriculados. El Gobierno anunció en 2018 que podría reclamar cerca de 3.000 bienes inscritos a nombre de la Iglesia entre 1998 y 2015, al considerar que se trata de “bienes de dominio público” y, por lo tanto, de falsas inmatriculaciones. Algunas inscripciones ya han provocado conflictos. A la más conocida, la de la Mezquita Catedral de Córdoba, se suman decenas de casos problemáticos. Estos son algunos ejemplos:

La plaza de los Santos Niños, en Alcalá 

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Plaza de los Santos Niños en Alcalá de Henares. INMA FLORES
Al final de la calle Mayor de Alcalá de Henares, a espaldas de la Catedral Magistral, se abre uno de los espacios más transitados por los vecinos, la plaza de los Santos Niños, llamada así en honor a los mártires Justo y Pastor. Una plaza pública que, como explica el alcalde, Javier Rodríguez (PSOE), el Obispado se inmatriculó en 2003, al mismo tiempo que la catedral anexa. “Nadie debió de darse cuenta. Cuando llegamos en 2016 empezamos a investigar y llegamos a la conclusión de que es de la ciudad”. Rodríguez asegura que quiere “recuperar la plaza y reformarla para los vecinos y vecinas de la ciudad”. El compromiso para rehabilitarla figura en el programa electoral con el que se presentó el pasado mayo. “Pero para eso tiene que ser de la ciudad”, añade. La plaza lleva décadas sin mejoras.
La escultura dedicada al quinto centenario del descubrimiento de América se instaló en 1986 y el alcalde asegura que el pavimento no se ha tocado desde los años sesenta. Rodríguez está convencido de que, en caso de llegar a los tribunales, ganaría. “Tenemos grabados y planimetrías de los siglos XVI y XVII de que allí había una plaza, la de la Picota. Cualquier plaza de esa época es pública. La otra mitad eran casas de los sacerdotes de la catedral y se vendieron en el siglo XIX. En 1898 el Ayuntamiento expropia esas casas y en los archivos históricos hemos encontrado los títulos”, explica. El Obispado de Alcalá rehusó hacer comentarios.

La sinagoga de Toledo con nombre de virgen católica

Interior de Santa Maria la Blanca, antigua sinagoga de Toledo.ampliar foto
Interior de Santa Maria la Blanca, antigua sinagoga de Toledo. ÁLVARO GARCÍA
Santa María la Blanca es el tercer monumento más visitado de Toledo, solo superado por la catedral y la iglesia de Santo Tomé, famosa porque alberga el cuadro de El Greco El entierro del señor de Orgaz. La entrada cuesta tres euros, que cobra y gestiona el Arzobispado de Toledo. Pero pese al nombre de virgen católica, Santa María no es una iglesia, sino una antigua sinagoga construida a mediados del siglo XII para ser el principal centro de culto hebreo de Toledo. La sinagoga lo fue hasta el pogromo (matanza de judíos) en el reino de Castilla del año 1391. Pasó entonces a ser iglesia, pero posteriormente sería beaterio para “mujeres arrepentidas”, cuartel militar y depósito en la invasión napoleónica. En el siglo XIX fue declarado monumento nacional y en 1929 fue cedido a la Iglesia católica.
Hoy Santa María la Blanca es un museo, pero la comunidad judía reclama a la Iglesia la devolución de lo que llama Sinagoga Mayor de Toledo, conocida también como la Jerusalén de los sefardíes. “Sería un gesto extraordinario que la Iglesia católica devolviese a sus antiguos y legítimos propietarios el templo”, dice Isaac Querub, presidente de la Federación de Comunidades Judías de España. Querub no reclama ni la propiedad ni los ingresos: “Ni existe comunidad judía en Toledo ni tenemos los medios para hacernos cargo de un monumento nacional como ese”, afirma. Busca una devolución “simbólica” sin “debates o pleitos”, y señala que se han producido reuniones con altos cargos de la jerarquía eclesiástica en los que ha habido “buena sintonía”.
Cartel antiguo en Santa María la Blanca, en Toledo.ampliar foto
Cartel antiguo en Santa María la Blanca, en Toledo. ÁLVARO GARCÍA
El bien debería ser un “monumento nacional abierto al público pero reconocido como lo que es, una sinagoga, con una explicación adecuada, y no debe llamarse Santa María la Blanca, sino Sinagoga Mayor de Toledo”, asegura Querub. El Arzobispado de Toledo no respondió a las preguntas de EL PAÍS. En una nota de prensa de 2017 el Arzobispado señaló que la titularidad eclesiástica de Santa María “no ofrece ningún tipo de dudas” y que se inscribió por primera vez en 1930. El edificio tuvo un cambio de propiedad en 2012: pasó de una parroquia al Arzobispado. La nota lo atribuye a la elaboración de un inventario y no al hecho de que dos días antes el catedrático de Derecho de la Universidad Complutense Francisco García Fernández pidiera una copia de la inscripción de la sinagoga en el Registro de Toledo.

Los desahucios en Navarra

Amaia Ekisoain, antigua alcaldesa de Lizoáin-Arriasgoiti, un valle navarro de 300 habitantes repartidos en 13 núcleos de población, recuerda perfectamente el 23 de octubre de 2017. Un juzgado de Aoiz había admitido la demanda de desahucio de la Iglesia navarra contra una familia que vivía en una antigua casa parroquial. Felicia Itoiz, de 87 años, tenía que entregar las llaves de la que fue su vivienda durante 36 años. Los vecinos se concentraron para protestar tras una pancarta en la que se leía: “De la inmatriculación, al desahucio”. El cerrajero enviado por el Arzobispado para cambiar el bombín se negó a hacerlo y marchó del pueblo entre aplausos y cánticos de “El cerrajero sí irá al cielo”. Al día siguiente, aconsejada por su abogada, Itoiz entregó las llaves voluntariamente.
“El marido de Felicia era cartero y tenía obligación de vivir allí. Llegaron a un acuerdo con el Arzobispado y les alquilaron la casa. Ellos la arreglaron; yo vi las facturas. Los hijos nacieron allí y su marido está enterrado en el pueblo”, recuerda Ekisoain. Al hacerse mayor, la mujer fue a vivir a Pamplona, pero uno de sus hijos, desempleado, seguía en la casa y ella pasaba allí muchas temporadas. Hasta que el Arzobispado le comunicó que no le renovaba el alquiler porque quería remodelar la casa.
El juzgado dio la razón a la Iglesia, pero la sentencia, según contó Diario de Noticias, incluyó una frase en la que apelaba a la “caridad”: “Distinto de ello, es que puedan pesar otro tipo de consideraciones, si se quiere de caridad para con la señora Itoiz y en base a ello, el Arzobispado pueda reconsiderar su posición permitiendo permanecer en la vivienda a quien teniendo ya cierta edad considera que está en su casa de toda la vida”. Itoiz había pedido al obispo que le dejara morir en su casa. El Arzobispado declinó comentar el caso.
Lo ocurrido en Lizoáin es un ejemplo “sangrante” de lo que ha sucedido en muchos otros pueblos navarros, asegura Carlos Armendáriz, responsable de la Plataforma de Defensa del Patrimonio Navarro, que recuerda al menos otros dos casos de desahucios de personas mayores de casas parroquiales que, en su opinión, fueron inmatriculadas irregularmente sin que los Ayuntamientos se dieran cuenta. Según la exalcaldesa de Lizoáin, la iglesia del pueblo se quemó y la antigua bodega comunal se cedió para construir una nueva y una casita anexa: la que fue hogar de Itoiz y su marido. Pese a tener muy claro que la casa era del pueblo, no cree que pueda reclamarse: “Las cosas hace años no se hacían como ahora, no quedaba registro de los bienes comunales”.
“Que se ponga una iglesia o una catedral a nombre de uno o de otro, bueno, pero echar a alguien con casi 90 años clama al cielo”, dice Armendáriz, que señala que hay pueblos navarros donde la Iglesia se ha inmatriculado hasta los frontones y zonas verdes. “Dice que sufre cuando alguien le saca a relucir el asunto”, dice sobre Itoiz, que, contactada a través de Armendáriz, se disculpó por no participar en este reportaje. Los arreglos urgentes que al parecer necesitaba la casita no lo eran tanto. Según la exalcaldesa, el inmueble sigue vacío y cerrado. “Estuvieron cobrando religiosamente, nunca mejor dicho, un alquiler, pero desde entonces pierden ese dinero. Nadie se explica ese desahucio”, añade.

Las tumbas para siempre en Cartagena que solo lo son a 50 años 

Vecinos afectados por las inmatriculaciones de la Iglesia en un cementerio parroquial de La Palma, cerca de Cartagena (Murcia).ampliar foto
Vecinos afectados por las inmatriculaciones de la Iglesia en un cementerio parroquial de La Palma, cerca de Cartagena (Murcia). © JAYAM
La familia aún conserva el recibí: 37.000 pesetas pagadas en 1980 “por la compra de una parcela en propiedad para construir un panteón”. Los propietarios de tumbas y panteones en el cementerio de La Palma, en Cartagena, se han organizado y piensan llevar al juzgado al Obispado de Cartagena por lo que consideran un engaño y la pérdida de sus derechos. “Nos enteramos hace dos años de que en 2010 inmatricularon el cementerio. Los dueños son personas mayores, como mi suegra”, relata José González.
“Fueron llamándoles a la casa parroquial con distintas excusas diciendo que había que actualizar los títulos, que eran de propiedad o a perpetuidad. Muchos no desconfiaron del cura y firmaron. Cuando llegó el nuevo título vieron que no tenía nada que ver: eran derechos de enterramiento limitados a 50 años”, añade. Los afectados ya tienen abogado e iniciarán acciones judiciales para que se respeten los títulos que firmaron y por los que la Iglesia cobró. Transacciones que van desde principios del siglo XX y hasta el 2007. Hay afectados que ya no los conservan porque, según relatan, el párroco los rompió cuando se los entregaron.
Título de propiedad de 1980 de una parcela en el cementerio parroquial de La Palma, cerca de Cartagena (Murcia).
Título de propiedad de 1980 de una parcela en el cementerio parroquial de La Palma, cerca de Cartagena (Murcia).  EL PAÍS
“Los padres de mi suegra compraron su parcela por 130.000 pesetas en el año 50. Era mucho dinero y ellos eran trabajadores que por la noche iban con su capazo, su pico y su pala a hacer su propio panteón. Se les enterró allí con el convencimiento de que de allí no se iban a mover. No puede ser que en 50 años levanten una lápida, cojan los huesos y los metan vete a saber dónde”, dice González. Los casi 200 afectados han creado una asociación. “Mi familia pagó por ese derecho y firmó el cura del momento. Ya no es el valor económico, es tener a nuestros difuntos ahí, saber que van a estar a perpetuidad como pone en los títulos”, añade. El Obispado de Cartagena no respondió a las peticiones de información de este diario.

San Juan de los Panetes, la única reversión conocida

Iglesia de San Juan de los Panetes (Zaragoza, España). © Escarlati
Iglesia de San Juan de los Panetes (Zaragoza, España). © Escarlati ESCARLATI
El de San Juan de los Panetes es el único caso conocido de inmatriculación que se ha revertido, explica Jorge García, presidente de Movimiento hacia un Estado laico (Mhuel). Esta iglesia barroca con una llamativa torre octogonal, situada frente a la Basílica del Pilar, en Zaragoza, fue declarada en 1933 monumento histórico-artístico de interés nacional. Varios boletines oficiales de los años 50 se refieren al templo como “monumento nacional”. Pese a ello, el Arzobispado se inmatriculó el templo en 1989, igual que hizo con otros muchos en los años 80, asegura García.
El Estado determinó, en una resolución de diciembre pasado, que se trata de “un bien de titularidad de la Administración General del Estado” y recuperó la iglesia, que fue inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Ministerio de Cultura hace unos meses. Lo hizo a instancias del Ayuntamiento, entonces gobernado por Zaragoza en Común. 
“Es cierto que nosotros inmatriculamos el complejo del que forma parte”, asegura un portavoz del Arzobispado de Zaragoza, que sin embargo niega que hubiera ningún conflicto. “Tras nuestra propia investigación histórica en nuestros archivos nos dimos cuenta del error y nos pusimos en contacto con el Ministerio de Cultura para revertir la inmatriculación”. Sobre el hecho de que la inmatriculación ocurriera cuando aún no estaba permitido hacerlo con lugares de culto (fue una reforma de 1998 la que lo permitió), el portavoz asegura que “la Constitución está por encima de cualquier otra ley, y así lo entendieron los registradores”. “Otras confesiones podían inmatricular edificios de culto y la Iglesia católica no. Los registradores hacen ese razonamiento y después la Dirección General de Registros ha dicho que esas inmatriculaciones son correctas”, añade.
García, que representa en Aragón a la plataforma Recuperando, que denuncia lo que considera un expolio patrimonial, asegura que no se explica cómo el registrador dejó inmatricular un monumento que ya tenía propietario. “En sus archivos tenía que constar que había una titularidad pública”, dice. El Gobierno de Aragón cuantificó en 2.023 los bienes inmatriculados por la Iglesia en esta comunidad entre 1998 y 2015. “Pero no nos dice cuáles son ni dónde están. Es un listado inoperativo”, dice García, que denuncia la dificultad para comprobar qué bienes fueron inmatriculados. Pone el ejemplo de la catedral de Tarazona. “El registrador juega al despiste. Tenemos tres notas negativas pese a que le dimos varias denominaciones y es un sitio notorio, evidente. Dice que no le consta la catedral”, explica.  
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