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May logra nuevas garantías legales de la UE para intentar salvar el Brexit

La primera ministra alcanza un acuerdo con Juncker para evitar que Reino Unido se quede atrapado en la salvaguarda indefinidamente


Theresa May, este lunes, en un acto oficial en la Abadía de Westminster.

Theresa May, este lunes, en un acto oficial en la Abadía de Westminster. WIREIMAGE
Theresa May cantó victoria y Jean Claude Juncker, a su lado, se encargó de advertir de que había llegado al límite en su esfuerzo por arrancar nuevas concesiones a la UE. “No habrá una tercera negociación”, dijo el presidente de la Comisión Europea, antes de que la primera ministra de Reino Unido asegurara desde Estrasburgo que había obtenido los mecanismos legalmente vinculantes que le exigió la Cámara de los Comunes para poder aprobar su plan del Brexit. El diablo, como siempre, está en los detalles, y los diputados de la oposición acogieron con escepticismo el anuncio de última hora.
Theresa May ha trabajado los últimos días con un mandato muy claro del Parlamento: debía cambiar los términos acordados con Bruselas respecto al backstop, la llamada salvaguarda irlandesa, si quería obtener el respaldo de la Cámara a su plan del Brexit, que ya fue estrepitosamente derrotado en una primera ocasión el pasado 15 de enero. La salvaguarda, una especie de garantía impuesta por la UE en el Acuerdo de Retirada firmado con Londres, establece que Reino Unido permanecerá dentro de la unión aduanera durante los casi dos años del periodo de transición, a partir del próximo 29 de marzo. Si durante ese plazo no se lograra negociar una relación futura definitiva entre los dos bloques, Irlanda del Norte permanecería dentro de territorio aduanero europeo y de su Mercado Interior.
Era el modo de garantizar que no volvería a imponerse una “frontera dura” entre las dos Irlandas que pusiera en peligro la paz alcanzada después del Acuerdo de Viernes Santo. La hipotética ruptura de la integridad territorial de Reino Unido, temida por los socios norirlandeses del DUP que sostienen a May, y la amenaza de que Reino Unidos se viera atrapado en una trampa permanente, aborrecida por los euroescépticos conservadores, se convirtieron en el principal escollo para sacar adelante el plan en Westminster.
“Hemos acordado un instrumento conjunto con fuerza legal comparable a la del propio Acuerdo de Retirada que garantiza que la UE no podrá actuar con la intención de aplicar de modo permanente el backstop. Si así fuera, Reino Unido activaría el mecanismo de arbitraje para suspender la salvaguarda irlandesa”, explicaba May desde la sala de prensa del Parlamento Europeo en Estrasburgo, donde se reunió de urgencia con Juncker a última hora de la noche de ayer. May explicó además que ambas partes se han comprometido a trabajar desde el minuto uno de las negociaciones sobre la relación comercial futura en las llamadas “soluciones alternativas” al backstop que le exigió el Parlamento británico a la primea ministra, con el compromiso de que estén diseñadas en diciembre de 2020.
Pero sobre todo, May puso énfasis en anunciar que Reino Unido realizará una “declaración unilateral que establezca que si el backstop se llega a aplicar y se rompen las negociaciones sobre nuestra relación futura, sin posibilidad de acuerdo, será la posición de nuestro país instigar aquellas medidas que acaben desactivando este mecanismo”.
Con apenas unas horas de tiempo para que los diputados británicos puedan estudiar todos los acuerdos alcanzados a última hora con la UE, antes de la nueva votación comprometida para hoy sobre el plan del Brexit, son muchas las dudas que han comenzado a surgir. En primer lugar, recuerdan desde la oposición laborista y desde las filas euroescépticas, el texto en sí del Acuerdo de Retirada no se ha modificado. El Abogado General del Estado, Geoffrey Cox, protagonista de las negociaciones de los últimos días, deberá explicar hoy mismo a los parlamentarios su análisis legal de los acuerdos adoptados. En segundo lugar, el “instrumento conjunto” al que hizo referencia May habla de “intermediación” para resolver diferencias, pero la primera ministra no excluyó en su declaración que los tribunales europeos no tuvieran también algo que decir al respecto. Y en tercer lugar, recaerá también en Cox el convencer a sus compañeros de filas parlamentarias que la “declaración unilateral” anunciada como novedad por la primera ministra tiene de hecho la rotundidad legal que May quiso darle en sus palabras.
Los últimos días del Brexit están adquiriendo tintes dramáticos y de urgencia, y la escenografía adoptada por May se ajustaba a este patrón. Casi de madrugada, horas antes de la votación crucial, presentaba como un esfuerzo titánico un logro que enseguida, desde Londres, comenzó a ser analizado con escepticismo por sus adversarios. May juega con el cronómetro para poner contra las cuerdas a los diputados indecisos, y a aquellos euroescépticos que no quieren acarrear con la posibilidad de que no haya Brexit en absoluto.
Porque si, a pesar de los aparentes avances anunciados por May desde Estrasburgo, su plan del Brexit es de nuevo derrotado en Westminster —y de momento las apuestas siguen muy altas a favor de un segundo fracaso— se activarían los dos compromisos adquiridos por la primera ministra la semana pasada. En primer lugar, se sometería a la votación de los diputados la posibilidad de que Reino Unido abandonara finalmente la UE sin ningún tipo de acuerdo, ni periodo de transición, a partir del próximo 29 de marzo. Nada parece indicar que esa opción cuente con el respaldo mayoritario de la Cámara de los Comunes. Es solo el anhelo de los euroescépticos conservadores, que no suman más de 80 ó 100 parlamentarios.
De ser derrotada esa alternativa, el próximo miércoles se trasladaría al Parlamento la decisión de ordenar a May que reclame una prórroga en la fecha de salida de la UE. Los parlamentarios que presentaron hace una semana una moción en este sentido, la laborista Yvette Cooper, y el conservador Nick Boles, decidieron retirarla y fiarse de las promesas de May. Ayer mismo anunciaron su intención de exigir al Gobierno que fuera fiel a sus compromisos, e incluso amenazaron con la moción de confianza contra la primera ministra si volvía a echarse atrás en sus planes.
La de hoy será una jornada dura para May y su equipo, porque el escepticismo que impera en Westminster va a hacer que sea muy complicado convencer a euroescépticos o diputados moderados de uno u otro bando que lo acordado en las últimas horas con la UE es algo diferente a todas las alternativas aireadas y debatidas en los últimos días. Sir Keir Starmer, el portavoz laborista para el Brexit, ya tenía anoche mismo ensayada una primera respuesta. Era, vino a decir, el mismo modelo con distinto traje. Se pretendía dar apariencia de fuerza legal a todo el intercambio de cartas entre Theresa May, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, que fue aireado en los días posteriores a la firma del Acuerdo de Retirada para intentar convencer a los diputados más incrédulos de que la voluntad de Reino Unido y la UE era que el llamado backstop nunca entrara en vigor.
Nadie, en todo el escenario político británico, cree ya que la fecha del 29 de marzo se cumplirá, y todos ponen sus cartas en la apuesta de que habrá un retraso en la fecha de salida. Por eso resulta complicado creer que esta vez May se vaya a salir con la suya y convencer finalmente a una mayoría del Parlamento de que su plan es la mejor opción para poner punto final a una pesadilla que ha durado ya más de dos años y agotado fuerzas y los recursos de los principales partidos. Ya nadie cree en el Partido Conservador que May será quien les lidere en los próximos meses, y el Partido Laborista de Corbyn se desangra en luchas intestinas que tienen como razón última la ambigüedad de su líder en torno al Brexit.
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