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El presidente del Supremo suspende el fallo que permitía la liberación de Lula

Días Toffoli anula la orden cautelar de anular la prisión de los condenados sin una sentencia firme

 Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2018 que muestra al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en Río de Janeiro (Brasil)

Fotografía de archivo fechada el 2 de abril de 2018 que muestra al expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante un acto político en Río de Janeiro (Brasil)  EFE
Dos decisiones judiciales en cuestión de horas han mantenido en vilo a Brasil este miércoles. El juez del Tribunal Supremo Marco Aurélio dictó de forma sorpresiva una medida cautelar por la que suspendía la prisión de los reclusos condenados por una segunda instancia judicial, lo que iba a beneficiar, entre muchos otros presos, al reo más famoso del país: el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva. Sin embargo, horas más tarde, el presidente del Tribunal Supremo de Brasil, José Antonio Dias Toffoli, suspendió el fallo emitido.
Lula permanece preso desde el 7 de abril, cuando un tribunal de segunda instancia le condenó a 12 años por corrupción. Aquella sentencia impidió que Lula, claro favorito en las encuestas, se presentase como candidato a las elecciones que terminó ganando el ultraderechista Jair Bolsonaro. El Partido de los Trabajadores ya ha exigido su liberación, pero el resto son todo interrogantes y cada segundo de incertidumbre juega en contra del exmandatario. Una de las opciones era que el fiscal recurriera la orden de Marco Aurélio y que el presidente del Supremo, Dias Toffoli, ordenara que se suspendan los efectos de la orden, algo que para muchos en Brasilia era cuestión de tiempo.
El propio Marco Aurélio explica en el documento que se “somete al referendo” del Supremo. Pero desde un principio eso estaba en el terreno de lo hipotético y lo probable. Técnicamente, a quien le correspondía el siguiente paso era a la jueza Carolina Lebbos, que —de no haber sido anulada— tendría que haber decidido si dejaba sin validez la detención de mayor nivel de la historia reciente brasileña, o era el primer obstáculo a la inesperada sentencia de Marco Aurélio.
Sobre el papel, durante algunas horas, la posible liberación de Lula estuvo sobre la mesa. El Partido de los Trabajadores se aferraba a la posibilidad de que el exmandatario saliera lo antes posible, incluso que pasara la Navidad en libertad. Pero la situación también era impredecible, ya que Lebbos está sustituyendo a la instructora del caso, Gabriela Hardt —quien a su vez acaba de heredar el puesto de Sérgio Moro, el juez que encarceló a Lula—, durante las vacaciones.
En Brasil hay 169.000 presos por sentencias en segunda instancia, según el Consejo Nacional de Justicia, casi un cuarto de los 706.000 que hay en el país. De haber seguido adelante con el fallo, Lula no era el único preso que se podría haber beneficiado, pero sí hubiera sido su gran protagonista. Lo lleva siendo desde que su entrada en prisión reabrió un viejo debate que divide al Supremo brasileño en dos desde hace ya tiempo: si ejecutar una pena ya en la segunda instancia es compatible con la Constitución.
En 2016, el tribunal volvió a enfrentarse a la cuestión y solo decidió que sí por seis votos a cinco. Era un punto débil perfecto para la defensa del cada vez más apurado expresidente, y así lo han estado explotando sus abogados. La orden se dictó, de hecho, como respuesta a una petición del Partido Comunista de Brasil, un gran aliado del Partido de los Trabajadores. Está previsto que en abril se vuelva a debatir.
Otros órganos del mundo jurídico brasileño albergan menos dudas. La Fiscalía General ha anunciado que recurrirá la orden cautelar. “El inicio del cumplimiento de una pena tras la decisión de una corte de apelación es compatible con la Constitución, y además garantiza la efectividad del Derecho Penal y contribuye al fin de la impunidad para asegurar la credibilidad de las instituciones, conforme lo votado por el Tribunal Supremo”, recalcó la presidenta del órgano, Raquel Dodge, en una nota.
Este caso no supone el fin de los problemas jurídicos de Lula, que tendría que seguir luchando la sentencia por la que fue condenado en abril. Y, a la vez, tendrá que esperar (y, posiblemente, recurrir) las sentencias de los otros cinco procesos que todavía tiene abiertos, casi todos por corrupción durante su época como presidente (entre 2003 y 2010). Ninguno de ellos implica las maletas con cantidades enormes de dinero que con tanta frecuencia se ven en otros casos contra políticos en Brasil.
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