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730 vidas de miseria escondidas tras manicuras baratas

La organización cobraba 18.000 euros por persona y logró introducir a más de 700 personas que decían ser menores

Policía Nacional en un dispositivo de seguridad en Madrid

Policía Nacional en un dispositivo de seguridad en Madrid VICTOR SAINZ
La Policía Nacional ha acabado con una organización que ha introducido a 730 ciudadanos vietnamitas en España y les ha obligado a trabajar en condiciones de esclavitud en centros de manicura. La banda utilizaba de manera fraudulenta los procedimientos de menores extranjeros no acompañados (Menas) para eludir los controles fronterizos y poder moverse por España con total libertad. Los agentes de Extranjería y Fronteras han detenido a 37 personas, entre ellos los cabecillas de la organización, y han liberado a los inmigrantes.
La organización captaba a sus víctimas en Vietnam a través de las redes sociales. Les ofrecían un trabajo remunerado y salir de una de las zonas más deprimidas del país. La llegada a España siempre se realizaba a través de un tercer país, en especial Chile, con el que hay un acuerdo para viajar sin visado. Desde allí, siempre solían desplazarse a los aeropuertos de Madrid-Barajas y de El Prat, en Barcelona. “Antes de desembarcar, tiraban la documentación y decían que eran menores de edad. Tras pasar por la sala de rechazo, eran trasladados al centro de acogida de menores”, explicó el comisario jefe de la Unidad contra Redes de Inmigración Ilegal y Falsedad (UCRIF) de Cataluña, Emilio de la Calle.
En el caso de Madrid, los menores ingresaban en el centro de Hortaleza, en la calle de Valdetorres de Jarama. Allí aprovechaban para escaparse a la mínima oportunidad. La organización les daba una maleta con ropa muchas veces sin usar, aún con las etiquetas puestas, para no levantar sospechas en los controles de aduanas. También dotaba de un teléfono móvil sencillo, desde los que llamaban a los responsables de la banda. Algunos llevaban pequeñas cuchillas en su interior con las que tenían que lesionarse. Así evitaban el ser expulsados del país.
Una vez que estaban en la calle, iban a la estación de Atocha para trasladarse en AVE a Barcelona. En la mayoría de las ocasiones, cogían un taxi entre tres y cuatro y se marchaban hasta el municipio barcelonés de Abrera. El traslado le costaba unos 700 euros, que sufragaba la banda. “Tenemos controlados que han utilizado esta forma de transporte en unas 40 ocasiones”, explicó el comisario de la UCRIF. Otras veces iban hasta un piso en la avenida Diagonal de Barcelona o en los alrededores del estadio de fútbol Camp Nou.
Los inmigrantes vietnamitas contraían una deuda de 18.000 euros con la banda, lo que le ha podido reportar a este grupo una cifra de negocio superior a los 13 millones de euros. Los vietnamitas eran trasladados a pisos controlados por la organización. Los propios responsables eran los encargados de distribuirlos por centros de manicura, donde trabajaban hasta 15 horas. En muchas ocasiones no comían y en otras sus captores solo les daban un tazón de arroz, según fuentes de la investigación. Para evitar que se fugaran, los llevaban en vehículos de la red. También acostumbraban a cambiarlos de centros para que no fueran reconocidos por las autoridades.

Distribuidos por Europa

El trabajo no se realizaba tan solo en España. También contactaban con otras organizaciones procedentes de países europeos como Francia, Italia e incluso Ucrania. El titular del Juzgado de Instrucción número 40 de Madrid ordenó la entrada y registro en 10 viviendas de Barcelona y Abrera, entre otras ciudades. Los agentes de la UCRIF montaron un importante dispositivo que permitió la detención de 37 personas. Parte de ellos ingresaron en prisión provisional.
Los agentes liberaron a todos los inmigrantes, entre los que sí había algún menor. También había niñas que habían sido explotadas sexualmente en países del sudeste asiático, según fuentes de la investigación. Las víctimas están siendo tratadas por dos ONG, a través de la Dirección General de Infancia y Adolescencia de la Generalitat y la Unidad contra la Trata de Seres Humanos del Ayuntamiento de Barcelona.
Al frente de la organización estaba el matrimonio formado por la mujer P. T. N. B., de 33 años, y por H. T., de 38. Ambos carecían de antecedentes policiales. Residían en un chalé de Abrera y llevaban un alto tren de vida, según fuentes policiales. Tenían guardada una gran cantidad de dinero en la vivienda, de la que destinaban parte a una de sus aficiones favoritas, como era el juego.
Los agentes desarrollaron el dispositivo policial a principios de noviembre de manera conjunta en 16 provincias españolas, entre ellas Madrid. También inspeccionó más de un centenar de centros de manicura regentados por ciudadanos vietnamitas. Los funcionarios intervinieron 60.000 euros, cuatro vehículos de alta gama y diversa documentación
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