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Las reticencias de un grupo de países agitan la recta final del Brexit

España se pone al frente de los Gobiernos que cuestionan el principio de acuerdo para la salida de Reino Unido de la UE


España se ha puesto al frente de los países que cuestionan el borrador del acuerdo de salida de la UE pactado por la Comisión Europea con el Gobierno británico. Este conato de revuelta, que cuestiona desde el tratamiento del peñón de Gibraltar hasta el control de las posibles ventajas de Londres durante el periodo de salida, inquieta en Bruselas porque el frágil equilibrio logrado hasta ahora podría saltar por los aires. La Comisión empezó este martes a maniobrar para salvar un pacto imprescindible para que la cumbre europea del domingo ponga en marcha el proceso de ratificación del tratado que regulará el Brexit.


 FOTO: EFE / VÍDEO: EUROPA PRESS
El presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, se ha puesto al frente de la “operación cuenta atrás”. Y este martes mismo habló por teléfono con el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, para conocer de primera mano las objeciones planteadas por España al posible impacto del Tratado en la situación de Gibraltar. Juncker también tiene previsto reunirse este miércoles en Bruselas, a las 17.30 horas, con la primera ministra británica, Theresa May, para sondear sus últimas condiciones y evitar que la cumbre del domingo estalle por algún imprevisto o malentendido entre las dos partes. Los encuentros por el lado europeo se suceden desde el pasado domingo y avanzan en paralelo al proceso de revisar el proyecto de Acuerdo presentado por Barnier y la elaboración de una Declaración sobre la futura relación con Reino Unido. Ambos textos deben ser aprobados en la cumbre. Y Londres ya ha advertido que sin una Declaración potente tampoco habrá Acuerdo.
Bruselas intentó cerrar el primer frente dando prácticamente por definitivo el Acuerdo pactado con Londres por el negociador jefe europeo, Michel Barnier. “Espero que no haya demasiados comentarios”, sugirió el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, tras conocerse el texto pactado con Londres. Tusk ha intentado dar la apariencia de que ya no hay nada que negociar con la convocatoria de una cumbre que desea breve y tajante. Pero las complicaciones, a medida que se acerca la cita, van ganando en intensidad.
España, que durante los 20 meses de negociación ha dado todo su apoyo al equipo de Barnier, empezó a desmarcarse tras la publicación la semana pasada del proyecto final de Acuerdo. Las críticas de Madrid han ido a más y han cristalizado en la exigencia de que se deje claro, por escrito y de manera concluyente, que el estatus de Gibraltar tras el Brexit dependerá siempre de un pacto entre Londres y Madrid. “Alguien en Bruselas no ha hecho bien su trabajo”, espetó este martes Sánchez, en la primera crítica abierta y en público al equipo de Barnier.
El Gobierno español interpreta que el artículo 184 del Acuerdo de salida pone en duda que España tendrá siempre la última palabra al respecto. El ministro de Exteriores, Josep Borrell, se ha mostrado abierto a solucionar el problema con cualquier fórmula jurídica, sea con la modificación del artículo o con algún tipo de declaración que zanje las dudas. “No me importa el instrumento, pero quiero que quede claro que el futuro sobre Gibraltar se negociará con el acuerdo de España”, señaló Borrell en Bruselas durante un acto organizado por Político.
La Comisión Europea dijo estar “al corriente” de las objeciones planteadas por España y aseguró que sigue abierta la negociación para buscar una salida. Pero Gibraltar no es el único obstáculo que deberá superarse para salvar el domingo el Acuerdo.
Varios países, con Francia a la cabeza, reclaman a Londres el compromiso de que se mantendrá el acceso de los barcos pesqueros europeos a las aguas británicas. Reino Unido, que ahora forma parte de la Política Común Pesquera, se ha negado a incluir esa área en el Acuerdo de salida.
París quiere que se garantice que el futuro acuerdo comercial con Londres incluirá la posibilidad de seguir faenando en una zona que reporta a la flota europea más de un millón de toneladas de pescado y marisco al año, con el 58% de las capturas a cargo de barcos europeos no británicos. La demanda pesquera es compartida también por España y Holanda, entre otros países.
Del lado británico también se esperan reivindicaciones sobre la Declaración futura, en particular, el reconocimiento de que Reino Unido nunca será tratado como un país tercero cualquiera. Y que disfrutará de un acceso privilegiado a la política de seguridad y a parte de la nueva política de defensa europeas.
En las próximas horas, los negociadores deberán encajar todas esas piezas para que en la cumbre del domingo tanto los 27 como Londres den la luz verde a poner en marcha el proceso de ratificación. Es una decisión delicada para ambas partes. Para la primera ministra británica porque de la bondad o no del Acuerdo y la Declaración dependerán sus posibilidades de sobrevivir a las votaciones en Westminster.
Y para los europeos, porque la cumbre es la última vez que pueden ejercer derecho de veto. Una vez en marcha la ratificación, el Acuerdo se aprobaría por mayoría cualificada de los 27 (con voto a favor de no menos de 20 países que representen al menos el 55% de la población) y por mayoría en el Parlamento Europeo. De ahí, que todas las delegaciones extremen su prudencia con los textos que deben respaldarse por unanimidad esta semana.
Varias delegaciones, incluida España, han reclamado a Barnier aclaraciones sobre el llamado backstop o fórmula de último recurso para evitar una frontera física entre Irlanda del Norte y la República de Irlanda. La solución pactada por Barnier con el Gobierno de May contempla el establecimiento de una unión aduanera entre Reino Unido y la UE hasta que se encuentre otra solución mejor o se logre un acuerdo comercial.
España y el resto de países reticentes temen que durante ese período Reino Unido disfrute un acceso casi total al mercado europeo sin necesidad de cumplir sus obligaciones. Londres ha ofrecido ciertas garantías de que no se desmarcará de la legislación comunitaria (medioambiente, mercado de trabajo) pero varias capitales quieren reforzar esos compromisos. Y las mismas delegaciones se muestran inquietas por el escaso papel otorgado al Tribunal de Justicia europeo en la resolución de los potenciales conflictos entre Londres y Bruselas durante la vigencia de la unión aduanera.

DUDAS SOBRE EL PERIODO TRANSITORIO

El período transitorio de salida (entre el 30 de marzo de 2019 y el 31 de diciembre de 2020) también plantea dudas en el lado europeo. El Acuerdo de Barnier sugiere la posibilidad de prorrogar ese plazo (durante el que nada cambia para ciudadanos y empresas) una sola vez, en caso de que se llegue a 2021 sin un acuerdo comercial.
España, entre otras delegaciones, quiere que la prórroga sea de un año como máximo, para no prolongar la incertidumbre legal. Pero Barnier prefiere un plazo más flexible de al menos dos años, para disponer de margen de maniobra en caso de que la negociación del futuro acuerdo comercial se complique. Cabe recordar que el reciente acuerdo suscrito por la UE con Canadá se negoció durante siete años. Fuentes de la Comisión auguran que con Londres sería más rápido porque el Reino Unido ha pertenecido a la UE durante más de 40 años y su legislación está alineada con la europea. Pero otras fuentes también advierten que el acuerdo al que aspira Reino Unido es mucho más ambicioso que ningún otro firmado hasta ahora por la Unión.

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