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El “menor no acompañado” que creó su propia red de tráfico de niños

Un joven que llegó a España irregularmente es el líder de una mafia que ha traído cientos de menores a España

La policía en uno de los registros con uno de los 28 detenidos por tráfico de menores.


La policía en uno de los registros con uno de los 28 detenidos por tráfico de menores.
Había llegado hace una década a España. Entonces era un menor no acompañado más, conocidos abreviadamente como "MENAs". Pero a sus 26 años, ya casado, con familia y con un trabajo fijo en una empresa de Asturias, tenía un rentable negocio ilegal con el completar sus ingresos, un negocio que se ha convertido en el segundo más lucrativo del mundo: el tráfico de seres humanos. Él, que lo había vivido en sus propias carnes, conocía bien los vericuetos del sistema y comenzó a traer a gente de su región, Tinghir, al sur de Marruecos, una zona pobre y próxima al desierto del Sáhara. Primero fueron los familiares y allegados, luego los conocidos, y finalmente niños captados por ojeadores pagados a sueldo. Pero fue precisamente ese hecho, esa "extraña coincidencia" de menores de entre 14 y 17 años procedentes de la misma zona de Marruecos en un centro de acogida asturiano la que despertó las sospechas de la Policía, que ha desmantelado —entre principios de mayo y principios de junio y en dos fases— una de las organizaciones de tráfico de personas (menores) más profesionalizadas de las localizadas hasta la fecha.
De momento, son 28 los detenidos. Todos marroquíes, menos dos mujeres españolas que gestionaban dos pisos clandestinos en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde retenían a los pequeños hasta comprobar el pago por parte de sus familiares y antes de dejarles seguir su periplo "teledirigido" hasta el centro de acogida elegido por los traficantes. Algunos de los arrestados, en distintas regiones de España (Asturias, Castellón, Madrid, Zamora y Cádiz) eran mediadores, intérpretes y hasta personal de limpieza de los centros de menores de esas comunidades autónomas, que advertían de las plazas vacantes y cobraban por sus servicios de "asesoramiento" a los menores recién llegados.
La Policía calcula que en solo un año, 2017, en el que tienen perfectamente acreditados todos los movimientos de la organización, han podido traficar a "un centenar de menores", pero están convencidos de que debían llevar operando mucho más tiempo por la amplia estructura de la red. "Tenían un nivel de organización, reparto y especialización inusual", aseguran los investigadores. En ese periodo de un año en el que se ha desarrollado esta investigación con la colaboración de Europol, tienen acreditado un lucro de 250.000 euros. Siempre cobrados en Marruecos para no levantar sospechas y recuperados en alguno de los muchos viajes que los implicados realizaban a su país aprovechando su residencia legal en España.
La agenda del delito
Gran parte de esos beneficios estaban plasmados en la agenda del líder de la organización, localizada en el registro de su domicilio en Asturias. Allí aparecía cada uno de los nombres de los chicos traficados con la cantidad correspondiente. "El monto total del episodio migratorio estaba en función de muchas cosas: el medio de transporte utilizado (en patera, 2000 euros; en vehículo, 2.500 euros; y en moto de agua, 5.000 euros), el nivel económico de la familia del menor, la época del año, y hasta los días de fiesta, lo controlaban y lo computaban todo", aseguran los investigadores.  
En la primera fase del operativo fueron detenidas 22 personas en varias provincias españolas: Madrid (uno), Oviedo (cinco), Gijón (dos), Castellón (cuatro), Algeciras (uno), Zamora (tres), Barcelona (tres), Lleida (uno), Bilbao (uno) y Murcia (uno). Entre ellos, se encontraban los encargados de organizar las pateras, los que gestionaban los traslados en España, los que los alojaban antes de ingresar en los centros y los encargados de gestionar su documentación.
Un periplo milimetrado
Tras cruzar la frontera, y una vez en España, eran trasladados a las provincias de Castellón, Barcelona, Oviedo y Bilbao donde se les ofrecía alojamiento y las indicaciones oportunas para que comunicasen en dependencias policiales su minoría de edad y una vez en los centros de menores eran controlados y se les gestionaba su documentación.
La organización mantenía fluidos contactos contaba con distintas organizaciones de pateristas en Marruecos para llevar a cabo los cruces clandestinos de fronteras con gran profesionalidad. Y durante las investigaciones, los agentes detectaron otra organización interconectada a la investigada, que dio lugar a una segunda fase del operativo en la que se detuvo a otras seis personas: en Jerez de la Frontera (tres), Bilbao (dos) y Barcelona (una).
Esta segunda organización criminal estaba especializada tanto en el tráfico de menores de origen marroquí desde Marruecos a las costas de Cádiz utilizando pateras, y al secuestro de los menores traficados por otras organizaciones a su llegada a España. Para liberarlos exigían a sus familiares el pago de 500 euros a los miembros de la organización criminal asentados en Marruecos.
Al llegar los menores, eran ocultados en los bosques de la provincia de Cádiz y en pisos de la organización hasta que recibían el dinero exigido a sus familiares. Si no se producía ese secuestro, la organización conseguía traficar a un menor desde la provincia de Cádiz hasta el norte de España en apenas dos días desde su llegada a nuestras costas.
Los investigadores han podido acreditar como los detenidos recogían a tres menores que habían llegado en patera y que esperaban ocultos en las inmediaciones de la playa de Bolonia, para alojarles en uno de los pisos de los que disponías en Jerez de la Frontera.
El operativo, en sus dos fases, ha culminado con la detención de un total de 28 personas por diversas provincias españolas así con la realización de 10 registros en Oviedo, Gijón, Zamora, Castellón y Jerez de la Frontera, donde se ha intervenido material entre los que se encuentra contabilidad asociada a los pagos que tenían que efectuar los menores, aplicaciones móviles encriptados, dinero en efectivo, documentación falsa y terminales telefónicos. Los arrestados están acusados de un delito de tráfico de personas con riesgo para la integridad física, de pertenencia a organización criminal, algunos también de un delito de falsedad documental (porque falsificaban identidades) y otros de secuestro.
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