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Hacienda denunció el uso de dinero público para el ‘procés’, pero ahora no encuentra pruebas

El pasado 20 de octubre presentó una denuncia ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido, ANC y Òmnium


El Ministerio de Hacienda, que dirige Cristóbal Montoro, insiste en que los funcionarios de su departamento no han encontrado pagos de la Generalitat para actos ligados al desafío independentista. Recuerda que mantiene un triple control de los pagos del Govern desde el pasado septiembre. Hacienda no ha encontrado pruebas de los mismos a pesar de que interpuso una denuncia el pasado 20 de octubre ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas contra el Govern destituido y las organizaciones ANC y Òmnium por "la utilización de dinero público en el referéndum ilegal" por si hubiera "responsabilidades contables".

Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso.
Cristobal Montoro, ministro de Hacienda, en el Congreso.  EL PAÍS
La polvareda levantada tras el requerimiento del juez del Supremo Pablo Llarenaal ministro de Hacienda para que explique por qué insiste en que no se ha destinado ningún euro público a financiar el procés está pasando factura a Montoro. El ministro guarda silencio tras recibir el escrito del juez.
Aunque Montoro garantiza que el independentismo no se ha financiado con recursos públicos, Hacienda presentó una denuncia el pasado 20 de octubre ante la fiscalía del Tribunal de Cuentas por "la utilización de dinero público en el referéndum ilegal de independencia que tuvo lugar el pasado 1 de octubre en Cataluña". En el escrito, firmado por el secretario de Estado de Hacienda, José Enrique Fernández-Moya, reclama a la fiscalía que se identifique al anterior Gobierno de Cataluña "como responsable de los daños causados al erario público". Y exige que les "reclamen las indemnizaciones procedentes".
La denuncia no incluía pruebas sino que es un relato de los hechos y las decisiones adoptadas por las autoridades catalanas desde las elecciones autonómicas de 2015 hasta la consulta ilegal. Desde Hacienda explican que el escrito al Tribunal de Cuentas se trataba en realidad de una comunicación de los hechos, tras la denuncia de la fiscalía ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para que se iniciase una investigación por responsabilidad contable. Según el ministerio, el Tribunal de Cuentas no ha respondido ni ha requerido información. El ministerio tampoco ha encontrado pruebas de malversación.
En Hacienda insisten en que no encuentran pruebas de que se haya gastado dinero público en el procés. Y aseguran que enviarán al juez Llarena todos los archivos informáticos desde que iniciaron el control financiero de Cataluña en noviembre de 2015. En aquella época el ministro ya aseguraba que no se iba a destinar ni un solo euro público del Fondo de Liquidez Autonómica (FLA) para "veleidades independentistas". En julio de 2017, ante la escalada de tensión política, endureció el control y exigió a la interventora general de Cataluña, Rosa Vidal, que enviase certificados semanales de que ningún departamento de la Generalitat sufragaba el procés. Dos meses más tarde, el 12 de septiembre, tras la convocatoria del referéndum ilegal del 1-O, intervino las cuentas de Cataluña.

Sin garantía de fraude

Hacienda asumía los pagos de todas las facturas a cuenta del dinero de la financiación autonómica. Y obligaba a los bancos con cuentas corrientes de la Generalitat a certificar que ninguna transferencia iba a financiar actos del independentismo. De hecho, se puso en marcha una plataforma informática para que los bancos pudieran suministrar la información directamente a Hacienda.
Desde entonces, absolutamente todos los pagos cuentan con el visto bueno del ministerio. Por eso, Montoro asegura, con cierta suficiencia, que esos controles garantizan que no se ha destinado dinero público a organizar la consulta ilegal. "Yo no sé con qué dinero se pagaron esas urnas de los chinos del 1 de octubre, ni la manutención de Puigdemont. Pero sé que no con dinero público", insistió el lunes. Unas semanas antes, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, también se mostró tajante: "No se dedicó ni un solo euro del FLA para el referéndum ilegal. No hay ningún informe de nadie que diga que con el FLA se han pagado esos gastos".
Existen dudas de que realmente no se hayan pagado actos del procés con dinero público. Además, hay organizaciones ligadas al independentismo como ANC y Òmnium que han podido aportar recursos para el independentismo. Hacienda ya denunció a estas organizaciones por los gastos del 1-O tras el viaje de unos 200 alcaldes a Bruselas para apoyar a Puigdemont. En Hacienda recuerdan que la interventora general de Cataluña, a la que le han dado dos avisos, tiene responsabilidades penales en caso de cometer alguna irregularidad, al igual que los funcionarios de la Generalitat que hayan podido falsificar algún documento. Pero eso no garantiza que no exista algún fraude.
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