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La justicia da luz verde al ingreso en prisión de Lula

La orden definitiva debe ser dada en unos días, cuando se agote el plazo para presentar recursos y el Supremo decida si salva al exmandatario o no

El expresidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el día que anunció su candidatura a las elecciones de octubre en enero de 2018
El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva el día que anunció su candidatura a las elecciones de octubre en enero de 2018  AFP

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva se está quedando sin espacio por donde continuar su huida hacia delante. El tribunal de segunda instancia TRF-4 de Porto Alegre, que hace justo dos meses ratificó su condena por corrupción y aumentó la pena de prisión inicial de nueve años de cárcel a 12 y un mes, ha dado luz verde para que el juez Sérgio Moro ordene el ingreso en prisión del expresidente más popular de Brasil,. Moro, responsable de juzgar a Lula en el complejo caso Petrobras, fue quien dictó la primera condena y no debería tener problemas en obedecer dentro de 12 días, cuando se haya agotado el plazo para recurrir (diez días) y de responder a esos recursos (48 horas). Lula será, pues, el primer expresidente sobre el cual pesa semejante orden, un precedente terrible para la democracia brasileña, y más terrible aún para todos los políticos acusados de corrupción que sin embargo disfrutan del aforamiento de sus cargos.

Si estuviésemos hablando de un ciudadano cualquiera, no habría motivo para pensar que la orden no se emitiría y ejecutaría lo antes posible, pero Lula es de todo menos cualquiera. El expresidente ya ha ido tejiendo una compleja red de recursos ante varios tribunales que deberían ir retrasando más y más la ejecución de las sentencias en su contra.
Por ejemplo, esta sentencia del TRF-4 depende de lo que decida el Tribunal Supremo sobre el recurso de habeas corpus que el expresidente ya ha solicitado. Si se concede este recurso, se paralizará la ejecución de la sentencia de la instancia. Si no lo hace y Moro da la orden, Lula no tendrá más remedio que ir a prisión. Eso se decidirá el 4 de abril, fecha en la que el Supremo se reunirá para votar.
La espera es corta aunque también es imprevista. El Supremo tenía que haberse pronunciado el jueves pasado pero, en un momento no sin tintes de farsa, uno de los magistrados aseguró que ya había hecho check-in en un vuelo que saldría en unas horas y, ante los ojos atónitos de las incontables personas que seguían el decisivo proceso por televisión, pidió que la sesión se acortase y se votase otro día. Se acordó el día 4, lo que también ha provocado otro enredo: Gilmar Mendes, el juez del Supremo más cercano a los conservadores, y por tanto el más enemistado con Lula, ha anunciado que no podrá presentarse a votar porque ya tiene un compromiso para ese día. Ese compromiso puede ser fundamental porque sin Mendes, el resultado quedaría en un empate 5 a 5, lo que, en casos de habeas corpus, significa la aprobación automática. Lula quedaría fuera de prisión, el país se ahorra una serie de desagradables debates sobre la protección a políticos fuera del cargo, y nadie se habrá manchado las manos defendiéndole.
El Supremo es ahora la gran esperanza del expresidente porque Lula tiene más afinidad con esos magistrados.Y ellos no ven necesariamente con buenos ojos la idea de que una sentencia en la segunda instancia baste para llevar a alguien a prisión: fue el mismo Supremo quien así lo decidió, en octubre de 2016, pero con un margen muy estrecho (5 contra 6). Y desde entonces, uno de los magistrados (Gilmar Mendes, de nuevo) ha comentado que podría haber cambiado de opinión. También se espera que un juez cercano al PT y nominado por Lula, Dias Tóffoli, se suma al máximo tribunal en Brasil. Si Lula, el gran orquestador, consigue alinear todos los elementos a su favor, por ejemplo, en el momento de recurrir la sentencia del TRF-4, aún puede vivir para luchar otra batalla.
De fondo ,en todo este asunto está la cuestión de los privilegios que se le conceden a un político brasileño. En Brasil, los cargos públicos más altos (presidencia y ministros) gozan de aforamiento ante cualquier delito que hayan cometido antes de la investidura, lo que da una idea de hasta dónde quiere llegar Lula con su huida hacia adelante: el 15 de agosto, fecha en la que se puede registrar como candidato. Eso zanjaría la cuestión que nadie responder. Si un expresidente se libra de la prisión, malo: todos los políticos detenidos por sentencias en segunda instancia querrían pedir un trato similar. Pero si el expresidente entra es peor. Es que ya nadie está a salvo.

Candidato ganador e inelegible a la vez

Lula lidera desde hace años las encuestas de intención de voto a las elecciones de este octubre pero nadie sabe si llegará candidato o no. En el peor de los casos, estará en la cárcel cuando se celebren los comicios; en el mejor, estará recurriendo su condena, lo cual, según la ley Ficha Limpa aprobada en 2010, inhabilita a aspirar a la presidencia. Por ahora, la estrategia del petista es hacer campaña, mucha y muy escandalosa; de esta forma, llegado el momento de registrarse como candidato en agosto, el Tribunal Superior Electoral lo tendrá más difícil para impedírselo. Y aunque eso ocurra, el Partido de los Trabajadores aún puede recurrir la decisión del Tribunal ante el Tribunal Supremo y seguir haciendo campaña hasta que sea demasiado tarde para uno de los dos bandos. Hasta el final, Lula será a la vez un candidato formidable y uno inelegible
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