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Un juez impide a Lula salir de Brasil para asistir a una cumbre sobre el hambre

La condena del expresidente sume al país en la inseguridad política y jurídica

Lula condenado
Lula, este jueves en São Paulo.  EFE

La justicia brasileña propinó un nuevo golpe al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva apenas  24 horas después de su condena a 12 años de cárcel por corrupción. Un juez de Brasilia ordenó retirar el pasaporte e impedir salir del país a Lula, que este viernes se disponía a viajar a Etiopía para participar en una cumbre sobre el hambre auspiciada por la FAO, el organismo de la ONU para la alimentación en el mundo. El juez no tiene relación alguna con el caso que motivó la condena de Lula, aunque instruye otro proceso que lo implica en supuestas irregularidades en la compra de cazas para el Ejército brasileño. Lula tenía previsto estar tres días en Etiopía y regresar a Brasil, pero, ante la orden judicial, canceló el viaje.
La política brasileña acostumbra a transitar por caminos sinuosos, pero la condena al expresidente la ha situado ante una dimensión desconocida. Nadie ha logrado hasta ahora hacer sombra a Lula en las encuestas para las elecciones presidenciales de octubre, y el empeño del expresidente en apurar hasta el final, en el campo jurídico y en el político, sus posibilidades de ser candidato sumen al país en la total incertidumbre. Para complicar aún más las cosas, surgen acciones espontáneas como la del juez de Brasilia que ha decidido limitar sus movimientos fuera del país.
Brasil acogió con relativa calma la decisión tomada el miércoles por el Tribunal de Apelación de Porto Alegre de ratificar la condena de Lula, por corrupción y blanqueo de dinero, y elevar su pena de 9 a 12 años de cárcel. Hubo algún incidente aislado, como en el propio Porto Alegre, donde fueron detenidos 16 seguidores de Lula, informa Marina Rossi. Pero no se produjeron grandes manifestaciones, y la mayor de ellas, la que reunió en São Paulo a miles de militantes del Partido de los Trabajadores (PT) con la presencia del propio condenado, transcurrió sin problemas. Los actos de los grupos contrarios a Lula para celebrar la sentencia fueron bastante discretos y poco nutridos, en contraste con las enormes movilizaciones del año pasado para exigir la destitución de la presidenta Dilma Rousseff, también del PT.
Desde que se conoció la sentencia, que implica la inhabilitación política de Lula, sus partidarios, empezando por la propia Rousseff, han llamado a mantener la presión en la calle y a rebelarse contra la decisión de la justicia. El PT envió además este jueves un mensaje muy claro. Reunió a sus dirigentes y a sus principales cargos públicos en São Paulo para declarar oficialmente a Lula como precandidato del partido. Algunos dirigentes exhortaron de forma expresa a la “desobediencia civil” con referencias incluso a Martin Luther King. La víspera, el propio Lula había comparado su situación con la que sufrió Nelson Mandela en el régimen del apartheid y con el héroe nacional Tiradentes, ejecutado por los colonizadores portugueses contra los que se rebeló. “No seré candidato para protegerme, sino para ganar y hacer un Brasil mejor”, proclamó el expresidente este jueves ante los compañeros de partido que le declararon candidato “por aclamación”.
La opinión de casi todos los especialistas es que la condena en segunda instancia convierte en poco viable la candidatura de Lula. Un cualificado dirigente del PT, el exministro de Justicia Eugênio Aragão, advirtió a sus compañeros en el acto de São Paulo que el recurso del expresidente ante el propio tribunal que le condenó será rechazado y que a partir de entonces estará incluso en peligro de entrar en prisión. Pero Lula no da la menor impresión de que vaya a claudicar. Y aunque se quede en el camino antes de las elecciones, parece dispuesto a llegar lo más lejos que pueda, por lo menos a inscribirse como candidato el 15 de agosto, cuando finaliza el plazo. Para finales de febrero planea una caravana por el sur del país y, según comentó hace unos días a un grupo de periodistas extranjeros, quiere contar con la presencia de expresidentes de otros países como el uruguayo José Mujica, la argentina Cristina Kirchner y el paraguayo Fernando Lugo.
Brasil vive desde la destitución de Rousseff, hace año y medio, una situación política convulsa. Una parte considerable del país considera ilegítimo el Gobierno de Michel Temer, producto de una maniobra parlamentaria de los que hasta entonces eran aliados del PT. Esa herida se va a profundizar si queda fuera de la carrera el candidato que, según las encuestas más fiables, aventaja en cerca de 20 puntos a su rival más inmediato, el ultraderechista Jair Bolsonaro
En el PT no hay ningún dirigente con el gancho político de Lula. Aunque el partido insiste en que no cuenta con ningún plan B, desde hace tiempo el expresidente se hace acompañar a menudo del exalcalde de São Paulo Fernando Haddad, un profesor universitario con un perfil casi opuesto al del viejo sindicalista. Lula avisó este jueves a sus compañeros que el partido debe estar preparado para continuar en la carrera electoral en caso de que ocurriese lo "indeseado".
En el espectro del centro derecha tampoco ha surgido ningún candidato que apunte grandes posibilidades. Algunos que se postulan, como el gobernador de São Paulo, Geraldo Alckmin, o el ministro de Hacienda, Henrique Meirelles, tienen escaso carisma y en las encuestas ni siquiera logran acercarse al ultra Bolsonaro. En ese campo político, muchos siguen a la búsqueda de una figura más popular e intentan convencer al presentador de televisión Luciano Huck, sin ningún pasado político y que trabaja en el grupo O Globo, una de las némesis de Lula.

LA BATALLA JURÍDICA QUE SE AVECINA

Lula acostumbra a presumir de que ningún Gobierno brasileño aprobó tantas leyes para combatir la corrupción como el suyo y el de su sucesora Rousseff. Por paradójico que parezca –los casos de corrupción asedian desde hace tiempo al PT- la afirmación es básicamente correcta. Y lo cierto es que algunas de esas leyes se han vuelto contra la formación izquierdista, incluido el propio Lula.
El expresidente puede ser víctima de la llamada Ley de Ficha Limpia, aprobada en 2010, durante su último mandato, y que impide ser candidato electoral a quien haya sido condenado por un tribunal con más de un juez. Lula puede ahora retrasar la aplicación de la ley con el recurso ante el propio tribunal que lo juzgó. Si la demanda fuese desestimada, como espera todo el mundo, el siguiente paso sería pedir en el Tribunal Supremo una suspensión cautelar de la inhabilitación. Podría lograrla de manera provisional y esperar entonces a que la medida fuese analizada por todos los magistrados del Tribunal.
Desde hace meses, la estrategia de los abogados de Lula es estirar todo lo que pueden el proceso inundando los juzgados con recursos y peticiones. Lo más probable es que perseveren a partir de ahora para conseguir que no haya una decisión definitiva por lo menos hasta octubre, la fecha de las elecciones.
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