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Torrent desafía al Constitucional y mantiene el pleno de investidura

Ciudadanos, PP y PSC pedirán que se suspenda la sesión

El presidente de la camara catalana, Roger Torrent llega al Parlament
El presidente de la camara catalana, Roger Torrent llega al Parlament ALBERT GARCÍA
El presidente del Parlament, Roger Torrent, ha ignorado de momento el requerimiento que le hizo el pasado sábado el Tribunal Constitucional y mantiene la convocatoria del pleno para investir a Carles Puigdemont presidente de la Generalitat. La reunión está prevista para las tres de la tarde de hoy. Cinco horas antes, lo hará la Mesa de la Cámara, en la que se podría reconsiderar la decisión. El PSC anunció este lunes que reclamará la suspensión del Pleno y que Torrent abra otra ronda de consultas para proponer un candidato que permita a los catalanes tener un Gobierno “dentro de la legalidad”.
Después del auto dictado por el Constitucional que prohíbe la investidura de Puigdemont si no es con permiso del juez, ni por medios telemáticos, el presidente del Parlament tiene tres posibilidades: suspender el pleno, aplazarlo o seguir adelante con él. Torrent ha optado por la última opción, pero queda por ver si llega hasta el final y desobedece a los magistrados, siguiendo los pasos de su antecesora, Carme Forcadell, en libertad provisional.
Torrent y los otros seis diputados de la Mesa, de mayoría independentista, recibieron ayer la notificación de la resolución del Constitucional en la que se les advierte de “su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga eludir las medidas cautelares adoptadas”, en especial las actuaciones que permitan “proceder a un debate de investidura” de Puigdemont.

EL ‘EXPRESIDENT’ PIDE LA NULIDAD Y PRESENTA ALEGACIONES

Junts per Catalunya considera que las medidas cautelares adoptadas por el Tribunal Constitucional el pasado sábado son nulas. Sus diputados presentaron ayer alegaciones ante los magistrados y consideran que se debería permitir, por ejemplo, la investidura telemática. Los parlamentarios creen que el Constitucional debió centrarse en si admitía o no el recurso presentado por el Gobierno contra la candidatura de Carles Puigdemont y que por tanto se va a extralimitar imponiendo unas medidas cautelares que no se enmarcan en la ley orgánica que lo regula. “Esas medidas vulneran derechos fundamentales porque no han sido solicitadas por ninguna de las partes e invaden la autonomía de la Mesa del Parlament”, dicen los diputados. Puigdemont también presentó ante el Tribunal Supremo un escrito invocando la inmunidad parlamentaria.
Junts per Catalunya, ERC y la CUP aseguraron que sus diputados asistirán a la sesión. Los socialistas anunciaron que pedirán la suspensión del pleno y que Torrent abra una nueva ronda de consultas para proponer otro candidato, como ya habían anunciado el PP y Ciudadanos. El secretario general de esta última formación, José Manuel Villegas, pidió a Torrent no convertir el Parlament en “un plató al servicio del circo de Puigdemont”.

Al límite

El escenario que baraja el independentismo y que tiene más posibilidades de prosperar, salvo que horas antes del pleno se decida otra cosa, es situarse al límite de la ley. Según esa interpretación, el Constitucional prohibió el debate de investidura, no que se reúna el pleno. Así se iniciaría la sesión para que se visualice la ausencia de Puigdemont y de los diputados presos. Tras esa constatación, es probable que Torrent opte por aplazar la sesión alegando que no se encuentra en la Cámara el candidato e invoque el auto del Constitucional que concede 10 días a Puigdemont para que presente alegaciones sobre la admisión a trámite del recurso del Gobierno contra su investidura.
Ese aplazamiento plantearía un embrollo sin precedentes, porque mañana vence el plazo que marca la ley de la Presidencia de la Generalitat para que se produzca la primera votación del debate de investidura. Si se quiere dar cumplimiento a ese plazo, el independentismo debería elegir a otro candidato o entrar en un limbo legal que debería acabar interpretando el Constitucional. El abogado de Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, cambió ayer de estrategia y optó por no pedir la autorización al juez para que Puigdemont pudiera asistir al pleno. “La investidura de un presidente de la Generalitat no puede estar sometida a una autorización judicial previa”, aseguró.
Junts per Catalunya aumentó ayer la presión sobre Torrent. El pasado domingo, Eduard Pujol, portavoz de la formación de esa candidatura, aseguró que el presidente de la Cámara actuaría “con el peso de la historia”. El expresidentmaterializó ayer la presión con una petición formal de “amparo” a la presidencia de la Cámara para que garantice su inmunidad parlamentaria que establece que no puede ser detenido salvo en caso de “delito flagrante”. Puigdemont también pidió que se tomen las medidas necesarias para “salvaguardar los derechos de los diputados”.
El independentismo llega al pleno con 68 votos, la mayoría absoluta. Ni Puigdemont ni Toni Comín, que se mantiene en Bruselas como diputado, solicitaron la delegación de voto. Sí lo harán Jordi Sànchez y Oriol Junqueras, que están en prisión. Los otros tres diputados que están huidos en la capital belga (Lluís Puig, Clara Ponsatí y Meritxell Serret) renunciaron ayer a sus escaños. La CUP, sin embargo, no se ha pronunciado sobre si apoyaría a un candidato distinto a Puigdemont.
Los Mossos cerraron ayer por la tarde el recinto del parque de la Ciutadella, donde está el Parlament. Grupos independentistas y en pro de la unidad de España han convocado hoy manifestaciones mientras se celebre el pleno.

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