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El macabro carácter del ex policía local maltratador

Manuel Lebrón retuvo a sus hijos hasta ser detenido en Sevilla, pero antes había anunciado su muerte

El ex policía local condenado por maltrato Manuel Lebrón.  “Insistentes y reiteradas cuchilladas a los agentes” con una hoja de 17 centímetros, dos disparos con heridas en la propia mano y pierna en un enfrentamiento con la Guardia Civil, un aviso falso sobre la aparición de niños muertos, un intento de atropello a un policía, maltratos y vejaciones a su expareja y amenazas a un concejal. A pesar de sus andanzas, el ex policía local de Alcalá de Guadaíra Manuel Lebrón —con trastorno ansioso depresivo y consumo habitual de alcohol diagnosticado— no pisó la cárcel hasta esta semana.
Sin embargo, hace ya cinco años que sus jefes le abrieron un expediente de expulsión pero ni la evaluación de tres médicos, ni sus constantes episodios violentos, ni una condena firme de la Audiencia de Sevilla por malos tratos habituales desde el pasado julio, lograron su ingreso en la cárcel. Una incomunicación entre jueces y fiscales que estuvo a punto de evocar el caso Bretón tras amenazar con matar a sus propios hijos. Mientras tanto, como oficial Lebrón lideraba un grupo de 15 agentes mientras amedrentaba con su pistola en las riñas vecinales, pegaba a un menor en plena calle y disparaba al aire sin necesidad alguna.
“No estaba capacitado mentalmente y allá donde iba enseñaba la pistola, pero los tiempos judiciales a veces no acompañan”, resumen fuentes policiales, que subrayan cómo Lebrón aprovechó como astuto abogado todas las grietas del sistema para mantener su salario y puesto durante el último lustro. Hoy día está retirado gracias a una jubilación forzosa revisable pendiente de examen médico, después de impedir que se culminara su expediente de expulsión. A partir de ahora, los procesos pendientes acumularán probablemente condenas y años de cárcel.
Los testimonios de las personas que han lidiado con Lebrón trazan un perfil psicológico depresivo, de gran inteligencia –se licenció en Derecho con varias matrículas de honor- y obsesionado con dominar a familiares y amigos. La juez Irene de Alarcón abundó este jueves en su complejo carácter en el auto de prisión: “Una especial inquina hacia los agentes de policía (…) su padre cree que la intención de su hijo es hacerle un pulso a la justicia al tener una idea obsesiva de que está sufriendo una persecución por las instituciones”. En el último año, el ex policía local ha sido detenido en varias ocasiones –siempre con resistencia- por órdenes de búsqueda y captura al desatender las citaciones de los jueces. En una ocasión se dio a la fuga e intentó atropellar a un agente antes de ser arrestado. Siempre salía en libertad con cargos.
Las vidas de sus dos hijos de nueve y 10 años se salvaron in extremis el pasado martes cuando tres policías detuvieron a Lebrón por sustracción ilegal de menores después de utilizarles “como parapeto y escudo humano”, según la juez. El día antes, en plena búsqueda desesperada por parte de su expareja y su familia envió un mensaje telefónico a su cuñada: “Se han encontrado dos cadáveres de niños en Mairena”. Antes había intentado fotografiar a los menores “manchados de sangre simulando que estaban muertos” para torturar a la madre, según alertó el fiscal del caso a la magistrada. Esta resumió con acritud: “Los niños manifestaron a su madre creer que su padre los iba a matar”.

LA PROTECCIÓN DE LOS NIÑOS VÍCTIMAS DE VIOLENCIA MACHISTA, EN EL AIRE

Al margen del carácter tan violento del ex policía local Manuel Lebrón y su condena previa a dos años y 10 meses de prisión por violencia machista, el caso ha despertado interés porque como padre disfrutaba del régimen de visitas para ver a sus hijos. Ello a pesar de que los partidos políticos acordaron el verano pasado prohibir a los padres condenados tener a su cargo a los menores.
La ministra de Sanidad, Dolors Montserrat, prometió la semana pasada priorizar 26 medidas de las 200 del Pacto de Estado contra la violencia de género, entre ellas suspender el régimen de visitas cuando los niños presencien actos de violencia machista. En 2017, siete niños murieron a manos de sus padres. Preguntado al respecto, un portavoz de Sanidad declinó fijar una fecha para implantar esta medida y atajar el problema.
Los jueces pueden acogerse a los artículos 65 y 66 de la Ley contra la Violencia de Género para suspender la patria potestad y las visitas, pero apenas los aplican y optan por respetar el derecho al padre maltratador para ver a sus hijos. “No se pone en el centro a los hijos y hay que priorizar su interés superior y que el maltratador no esté en el centro”, censura Elena Laporta, abogada de la asociación Women´s link.
La portavoz para Igualdad del PSOE en el Congreso, Ángeles Álvarez, es muy crítica con el ritmo del Gobierno para cortar de raíz la violencia sobre los menores. “Hay que ver qué es lo urgente y el Gobierno incluye medidas que tienen que ver con la Ley 1/2004, pero las relativas al régimen de visitas atañe al Código Civil, que habría que cambiarlo”.
A pesar de que el PP se sumó al Pacto contra la Violencia de Género el pasado verano, Álvarez le recrimina a los populares su nula sensibilidad con los niños víctimas de esta lacra. En la legislatura pasada, los socialistas propusieron que los niños huérfanos por violencia machista —con madre muerta y padre en la cárcel— quedaran exentos del umbral académico para mantener la beca durante dos años. El PP se opuso y votó en contra.
De carácter osado, el ex policía local denunció al entonces comisario de policía de la ciudad sevillana y a la concejal de Seguridad –su jefa- por abuso de autoridad en un incidente con un menor con discapacidad. La juez archivó su denuncia tras un rápido análisis. En otra ocasión denunció a nueve compañeros del Cuerpo por no haber firmado un acta de declaración de derechos. También este caso resultó archivado. Incluso una junta local de seguridad trató sus excesos. “Esto no puede seguir así, va a haber una desgracia”, alertó un mando entonces. Lebrón intimidó de tal manera a los funcionarios, que el Ayuntamiento tuvo que requerir a la Junta andaluza que enviara un empleado público ex profeso después de que todos los funcionarios municipales alegaran enemistad para evitar sancionarle y exponerse a sus represalias.
Lebrón ya sufrió malos tratos por parte de su padre, también policía local de la localidad sevillana, y hoy de baja por enfermedad. “La primera vez que le conocías era agradable y además guapote, pero luego le gustaba dominar y al ser policía, los vecinos le tenían miedo. Engañaba muchísimo”, relata una vecina. “Cogía unas borracheras tremendas, no se tomaba las pastillas antidepresivas y a veces se encerraba en el cuarto durante días y solo salía para comer”, apunta su expareja y víctima de maltrato, Sonia Barea. Durante los veranos de 2014, 2015 y 2016 el exagente pasó 42 días seguidos durante el verano con sus dos hijos. “Él repetía que nos teníamos que ir siempre los cuatro juntos al cielo”, recuerda. En su perfil de WhatsApp había dejado escrito: “Matar a un hijo es lo peor, pero ocultarlo quizás lo sea más”.
El macabro carácter del ex policía local maltratador
Barea relata aún incrédula el calvario que vivió como víctima de maltrato desde que decidió separarse de Lebrón. “Siempre me ha encontrado [en dos casas de acogida] y utilizó su placa para movilizar a la Guardia Civil de Granada y la Policía Local de Armilla”. Los agentes acudían a su casa después de que Lebrón les llamara diciendo que sus hijos estaban en peligro. “Acudieron cuatro veces en dos semanas para alterar la vida familiar”, acusa Barea, que el pasado 19 de junio reflejó en su denuncia ante el Instituto Armado una supuesta connivencia policial con Lebrón: “Los agentes [de la Policía Local] me dijeron que tenían órdenes de su superior en las que la patrulla de servicio tenía que personarse en su domicilio cada vez que Manuel efectuara llamadas”. “No es normal lo que ha pasado con mi caso. La inacción del juzgado ha sido patente, con mi expareja 22 meses sin pagar una pensión alimentaria y con un sueldo de funcionario. Él hasta se puso un pasamontañas para rajar las ruedas de un coche con los niños delante. Les avisé de sus problemas mentales pero no me hicieron caso”, reitera. El abogado de su expareja, Óscar Martínez, concluye: “Era un sheriff, ha tenido un halo de miedo para la población”.
A pesar de que el expediente para expulsarle se inició en 2013, dos años después un tribunal médico –formado por tres doctores- dictaminó que a pesar de que padecía trastorno ansioso depresivo con consumo habitual de alcohol, Lebrón –que no se presentó al examen- era apto para el servicio y por tanto no podían avalar la retirada del arma. Poco después el exagente se enfrentó a la Guardia Civil en un bar de Chipiona (Cádiz) y se disparó en una mano y una pierna, incidente tras el que por fin fue desarmado.
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