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Despedida la trabajadora que pidió en las redes sociales que violaran a Arrimadas

La líder de Ciudadanos denunciará a la usuaria de Facebook que la llamó "perra asquerosa"




La mujer que pidió el pasado domingo en las redes sociales que violaran a la líder de la oposición en Cataluña, Inés Arrimadas, ha sido despedida por la empresa para la que trabajaba, la inmobiliaria Tinsa, según han confirmado fuentes del entorno de la política y la propia compañía en un comunicado. Previamente, la líder de Ciudadanos en Cataluña había anunciado en Twitter que denunciaría a Rosa María Miras Puigpinos por sus injurias y amenazas.
Miles de usuarios y también políticos de todas las formaciones han mostrado su apoyo a la jefa de la oposición en Cataluña a través de la red, entre ellas la diputada de la CUP Anna Gabriel, la vicepresidenta de la Comunidad Valenciana, Mònica Oltra, o la portavoz del PSC en el Parlament de Cataluña, Eva Granados. También la presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha condenado el mensaje, que considera una "vil ofensa a millones de mujeres que sufren violencia".

No es la primera vez que un político catalán recibe una amenaza a través de las redes sociales y decide ponerlo en manos de la justicia. El pasado 17 de abril, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, también anunció que denunciaría a un usuario que la insultó y la amenazó con violarla vía Twitter. El tuit iba acompañado de la fotografía de una pistola semiautomática. El pasado octubre, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, también informó de que tomaría medidas contra un usuario que le había amenazado con "ponerle una bomba bajo su coche" a través de Facebook. Unos días después el autor del mensaje pidió disculpas, alegando que lo escribió "en un momento de calentón", y Puigdemont se las concedió. "Al amenazarme, dije que era un cobarde. Hoy ha sido valiente y ha tenido el coraje de pedir perdón públicamente. Se lo agradezco. Tema cerrado”, tuiteó el presidente de la Generalitat.  

UNA SENTENCIA PIONERA

En el año 2014, la presidenta de la Comunidad de Madrid y entonces delegada del Gobierno, Cristina Cifuentes, fue una de las primeras en conseguir que un juez de lo penal condenara a un tuitero por insultos contra su persona. En un inicio, la Fiscalía y los abogados de Cifuentes pedían cuatro años de cárcel para el acusado. Finalmente, después de que el usuario reconociera los hechos, el juez lo condenó a pagar una multa de 300 euros, además de las costas del proceso y una indemnización de 1000 euros en concepto de daños y perjuicios.
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