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La fiscalía pide prisión provisional sin fianza para Juana Rivas

La madre granadina desapareció el 26 de julio con sus dos hijos para no entregarlos al padre



La fiscalía de Granada ha solicitado prisión provisional sin fianza para Juana Rivas, la madre que se fugó con sus dos hijos hace casi un mes para evitar que estos regresaran a Italia, después de su interrogatorio judicial de esta mañana. Ahora el titular del Juzgado de instrucción 9 de la ciudad andaluza, José Luis Ruiz, decidirá si decreta cárcel o libertad con cargos para Rivas. ⁠⁠⁠Los medios de comunicación están concentrados a las puertas de los juzgados granadinos, a la espera de la resolución motivada del magistrado de guardia.
Rivas solo ha respondido a las preguntas de su abogada y se ha negado a contestar a la fiscalía, que ha censurado su actitud. El hecho de que Rivas se haya negado a responder al ministerio público y no haya indicado el paradero de sus dos hijos multiplica las posibilidades de que la mujer ingrese en prisión en las próximas horas, informan fuentes judiciales sobre su "postura de obstrucción a la justicia".

La mujer llevaba 26 días ilocalizable para no entregar a sus dos hijos menores al padre, Francesco Arcuri, condenado en 2009 por malos tratos. Rivas ha jugado al despiste esta mañana y su hermana ha entrado por la puerta principal de los juzgados mientras ella entraba por otra entrada para evitar a las cámaras y la prensa. Una vez dentro del edificio, la madre de Maracena ha sido detenida y custodiada por la policía para ser llevada ante el juez.
A las puertas de los juzgados, un centenar de personas concentradas han repetido gritos a favor de Rivas: "Ningún maltratador es un buen padre". Mientras, el titular del Juzgado de Instrucción 9 de Granada, que está de guardia esta mañana, decide ahora al respecto de la situación en la que debe permanecer Rivas, si decreta su ingreso en prisión tras desobedecer sus anteriores decisiones, o por el contrario la deja en libertad con medidas cautelares. En paralelo, el juez debe decidir sobre el destino de los dos niños, que abandonaron Italia hace un año por decisión exclusiva de la madre.
Por otra parte, el Juzgado de Primera Instancia 3 de Granada ha acordado este martes, como nueva medida de protección de los hijos, la retirada del pasaporte de los menores, así como la prohibición de salida de los menores del territorio Schengen, sin autorización del padre o sin autorización judicial, medida solicitada también por la fiscalía, una vez oídas el lunes a las dos partes. La restitución de los menores al padre es la principal medida de protección ya adoptada, con anterioridad a la vista sucedida ayer entre la juez española y las defensas de las dos partes.
La juez ha desestimado las restantes medidas solicitadas por el padre de los menores. Son los tribunales italianos los competentes para resolver otros aspectos, como puede ser la patria potestad de los progenitores, según el TSJA.
Rivas ha contado durante este tiempo con un amplio respaldo social y político. Incluso el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, o la de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, se han pronunciado a su favor. Pero, en los últimos días, tras el segundo rechazo del Constitucional a su recurso de amparo, crecieron las voces que le reclamaban que debía entregarse, algo que han valorado también sus asesoras, puesto que se enfrenta a la posibilidad de acabar en prisión o de perder temporalmente la patria potestad de sus hijos.
Rivas pidió ayer ayuda por carta a Rajoy, al fiscal general del Estado, José Manuel Maza y al presidente del Tribunal Constitucional, Juan José González, porque ella y sus hijos corren "un gran peligro". "Yo estoy haciendo lo único que puedo hacer como madre para protegerlos. Mis únicos recursos son una pequeña maleta, una mínima cantidad de dinero y todo el amor del mundo", reza la misiva, informa Efe.
El Juzgado de Instrucción 2 de Granada dictó orden de detención y presentación en sede judicial el pasado 8 de agosto, después de que Rivas no acudiera a la citación prevista en el marco de las diligencias penales que la investigan por una posible sustracción de menores. Los hijos tienen 11 y tres años.
La mujer tampoco acudió este lunes a la citación del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Granada para dirimir sobre las medidas extraordinarias y urgentes en protección de los menores solicitadas por Arcuri, que sí acudió. También se presentó la letrada de oficio de Juana Rivas en Granada, María Castillo Pozo, quien, tras la comparecencia, transmitió a los medios un mensaje de la mujer de Maracena en el que consideraba que "como madre, es la única" que debe "proteger" a los dos menores de edad ante la "desprotección" que, en su opinión, están padeciendo.
Las asesoras de Rivas mantienen desde el inicio del caso en 2016 que es víctima de los "errores judiciales" que han puesto en peligro a sus hijos, como ella misma señaló en una carta hecha pública recientemente. La mujer viajó con sus hijos en mayo de 2016 a Granada desde Carloforte (Italia), donde residía con su expareja y los menores desde 2013. A los dos meses de llegar, en julio de ese año, presentó una denuncia por violencia de género contra Arcuri que acaba de llegar a los juzgados italianos, más de un año después. 
Tras su marcha, y después de que le comunicara a Arcuri que no iba a volver, el padre de los niños la denunció por sustracción internacional. Tras el pronunciamiento de la justicia italiana, que resolvió que los menores debían ser devueltos con el padre, el juzgado de Primera Instancia de Granada dictó una sentencia en el mismo sentido, que después ratificó la Audiencia Provincial de Granada y contra la que el Constitucional rechazó amparar a Rivas, que acudió al alto tribunal en dos ocasiones. 
Rivas y su entorno sostienen que la lentitud en la tramitación de la denuncia por malos tratos, que la juez rechazó inicialmente al considerar que quedaba fuera de su jurisdicción y debía ser denunciado en Italia,  ha perjudicado a su causa porque el asunto no se ha tratado como un caso de violencia de género, pese a que la primera juez que pidió la entrega de los niños sí lo consideraba en su sentencia.
La mujer también tildó de “chapuza” el trabajo de la psicóloga de familia que atendió a los menores porque “no estaba preparada para trabajar con niños que han sufrido maltrato”, según señaló en la carta que se hizo pública. El informe de esta psicóloga, que tanto el Juzgado de Primera Instancia como la Audiencia Provincial consideraron válido, señalaba una “vinculación afectiva y segura del menor con ambos progenitores”. Uno de los argumentos esgrimidos en los distintos recursos es que el hijo mayor de Juana Rivas (el menor, de tres años, no fue analizado por su corta edad) tenía que haber sido atendido por un equipo “técnico y multidisciplinar especializado”, tal como recoge el artículo 2.5 de la Ley de Protección Jurídica del Menor, en lugar de la psicóloga de familia.
Por su parte, Francesco Arcuri, al que han dado la razón todos los tribunales hasta la fecha, asegura que su expareja se marchó “por capricho” y niega que le haya pegado “jamás” a ella o maltratado a sus hijos. Añade que aceptó la condena del año 2009 por "lesiones en el ámbito familiar", con tres meses de prisión y una orden de alejamiento de ella de un año y tres meses, para poder ver a su hijo (en esa época solo había nacido el mayor).
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