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España advierte que el pacto con Londres sobre el Brexit no afecta al Peñón

El Reino Unido incluye a Gibraltar en su propuesta sobre los derechos de los ciudadanos

La mención expresa a Gibraltar en el documento del Gobierno británico que perfila los derechos que tendrán los ciudadanos comunitarios que residen en el Reino Unido amenaza con volver a colocar el contencioso del Peñón en el arranque de la negociación del Brexit. “El principio según el cual ningún acuerdo entre la UE y el Reino Unido se aplica a Gibraltar sin un acuerdo previo entre Reino Unido y España no admite excepciones y afecta también a los derechos de los ciudadanos”, han advertido fuentes diplomáticas españolas.

Vista del peñón de Gibraltar al fondo.

Sin embargo, el documento de 15 páginas del Gobierno de Theresa May que perfila su oferta sobre el futuro estatuto de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido cita en dos ocasiones a la colonia.
El texto asegura que “los acuerdos recíprocos [entre Reino Unido y la UE] sobre derechos de los ciudadanos se aplicarán al conjunto de Reino Unido, que cubre Escocia, Gales, Irlanda del Norte y todas las partes de Inglaterra, y Gibraltar”. Agrega que “las decisiones que en la actualidad son tomadas por las Administraciones autónomas [de Escocia o Irlanda del Norte] o por el Gobierno de Gibraltar continuarán siendo tomadas por ellos”.
No se trata de ninguna obviedad, pues Gibraltar no forma legalmente parte del Reino Unido sino que es un territorio de ultramar cuyas relaciones exteriores dependen de Londres, el único de ellos que pertenece a la UE.
El documento vuelve a citar al Peñón en el glosario de definiciones, en concreto cuando define a los “nacionales del Reino Unido”. Dicho concepto, explica, se utiliza para describir a aquellas personas contempladas como nacionales británicos a los efectos de la normativa europea. En realidad, no existe tal definición en la legislación británica, por lo que recurre a declaraciones realizadas por el Reino Unido en relación con la normativa europea. Entre ellas, cita una de 1982 según la cual deben entenderse como nacionales del Reino Unido a los “ciudadanos de territorios dependientes británicos que adquieren su ciudadanía de una conexión con Gibraltar”.

100.000 BRITÁNICOS NO PODRÁN VOTAR EN LAS MUNICIPALES

M. G.
Faltan aún muchas precisiones sobre los derechos de los ciudadanos comunitarios residentes en el Reino Unido, pero hay algo que el Gobierno de Theresa May ha dejado claro: perderán sus derechos políticos. En reciprocidad, también los perderán los 300.000 británicos residentes legalmente en España, que hasta ahora han podido elegir y ser elegidos no solo en las elecciones europeas (Reino Unido perderá sus escaños en el Parlamento europeo) sino también en las locales.
Espoleada por la polémica ley de Costas que declaró ilegales algunas de las viviendas que había adquirido en la costa, la colonia británica ha sido una de las más activas políticamente en España. En el censo de Extranjeros Residentes en España (CERE) se han inscrito más de 100.000 británicos. En algunos pueblos turísticos de Alicante o Almería hay alcaldes y concejales extranjeros. Los británicos deberán dejar sus cargos públicos a menos que España y Reino Unido firmen un acuerdo bilateral que reconozca el derecho de voto a sus respectivos nacionales. Lo que parece improbable si el divorcio deja heridas.
En realidad, las fuentes consultadas admiten que el capítulo del derecho de residencia (de los comunitarios en Reino Unido o de los británicos en España) tiene escasa incidencia en El Peñón. Son muy pocos los españoles que residen en la colonia, ya que la inmensa mayoría de los alrededor de 7.000 que trabajan en la colonia cruzan cada día la Verja y pernoctan en España. Respecto a los gibraltareños que tienen vivienda en España, prácticamente todos mantienen su residencia legal en el Peñón, aunque solo sea porque es más ventajoso desde el punto de vista fiscal.
La situación del Peñón requerirá un acuerdo que contemple el derecho a la pensión para los españoles que trabajan en la colonia y cotizan allí o la atención sanitaria para los gibraltareños que acuden al sistema de salud español, según fuentes españolas. También habrá que arbitrar un procedimiento que facilite el tránsito fluido entre ambos lados de la Verja, para no perjudicar a la población del Campo de Gibraltar, pero todo ello deberá ser objeto de un acuerdo entre Londres y Madrid, advierten.
El documento hecho público por Londres refleja la posición británica, pero la de la UE está claramente definida en las directrices para el Brexit aprobadas el pasado 29 de abril por el Consejo Europeo, en las que se dice que “después de que el Reino Unido abandone la UE, ningún acuerdo se aplicará a Gibraltar sin un acuerdo entre España y Reino Unido”. Punto.
El Gobierno español ha mostrado reiteradamente su apoyo al negociador del Brexit por parte de la UE, el francés Michel Branier, y está convencido de que no se saldrá del guión.
Al margen de Gibraltar, España, con más de 100.000 nacionales residentes en el Reino Unido, ha acogido con cautela la oferta británica. “No voy a decir que me haya sonado mal, pero me podía haber sonado mejor”, dijo el pasado viernes en Bruselas el presidente español Mariano Rajoy tras escucharla de labios de la premier Theresa May.
España, como los demás socios de la Unión, quiere que los litigios sobre los derechos de los comunitarios residentes en el Reino Unido se sometan al Tribunal de Justicia de la UE y no a la justicia británica, como sostiene Londres; y que la llamada fecha de corte, en torno a la cual se computan los años necesarios para obtener la residencia, coincida con el momento en que se haga efectivo el Brexit; en principio, marzo de 2019. También pide que se simplifiquen los engorrosos trámites burocráticos que se deben superar para acreditar la residencia en el Reino Unido.
Incluso si se aplica el principio de reciprocidad, “hay un problema de falta de equilibrio”, se lamentaba este lunes el ministro Dastis, porque la UE reconoce más derechos que el Reino Unido a sus propios ciudadanos.

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