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El horror vivido por tres inmigrantes atrapadas en un club de alterne

Llegaron a España con una deuda contraída de 2.500 euros


 Un club de alterne de Galicia, en una imagen captada la semana pasada.

Favorecimiento de inmigración ilegal, trata de personas con fines de explotación sexual y mantenimiento en la prostitución coactiva. Todos estos delitos fueron denunciados por tres mujeres brasileñas, después de que accedieran a colaborar con la justicia como testigos protegidos, cuando decidieron abandonar el club de alterne de Pontevedra donde acabaron ejerciendo la prostitución.
La fiscalía logró que el horror vivido por las tres mujeres, que tienen identidades nuevas, acabara sentando en el banquillo a cinco personas, cómplices en los hechos, entre ellas el propietario del club. A todos ellos se les juzgará en la Audiencia de Pontevedra a partir de este martes. Afrontan condenas que suman 39 años de cárcel y el cierre del local y la disolución de la sociedad que lo administra, una vez que se indemnice a las víctimas.
Las tres mujeres llegaron a España entre 2007 y 2011. Su relato coincide en muchos aspectos, como “la situación económicamente de pobreza familiar” en la que vivían. Dos de ellas declararon que una compatriota, Ángela G.A., implicada en esta causa, les propuso viajar a España para trabajar en un club de alterne ejerciendo la prostitución, convenciéndolas de que iban a ganar mucho dinero. Días después les entregó una cantidad por adelantado para que pudieran obtener el pasaporte y la documentación necesaria para viajar, pero les advirtió que una vez que llegaran a España tendrían que devolverlo. Además, la compatriota les entregó 1.000 euros para poder pasar la frontera donde tendrían que explicar a la policía que viajaban como turistas.
El contacto también les advirtió que por todos los trámites, ellas adquirirían una deuda con la persona de España que les iba a dar el trabajo. Una vez que obtuvieron el pasaporte por medio de Ángela, ésta les entregó su billete de ida y vuelta para viajar de Sao Paulo a Madrid y de allí a Vigo, entrando así de forma ilegal en el espacio Schengen.
En Vigo las recogió un taxi que las llevó al club, situado en la localidad pontevedresa de Meis, Cambados. Al llegar, según relatan las dos primeras testigos, se entrevistaron con el propietario del local, Carlos .V.S. Lo primero que hizo el dueño fue pedirles la devolución de los 1.000 euros que llevaba para pasar la frontera y les advirtió que, además, tenían una deuda con el club de 2.500 euros que debía devolver con los servicios sexuales que iban a prestar. “Hasta que no la hubieran satisfecho por completo no tendría días libres”, recoge el fiscal en su escrito de acusación.
“Así, les explicó que por cada pase o servicio sexual cobraría al cliente 50 euros, de los cuales 20 euros debía entregarlos al club en pago de su alojamiento en la habitación y los otros 30 euros para saldar la deuda, que liquidarían un día a la semana, les dijo el dueño”, según la fiscalía.
El dinero se encargaba de recogerlo cada noche Susana, la encargada del club, que estaba al tanto de todas al actividades que realizaban las mujeres y controlaba que las condiciones de trabajo impuestas por el dueño se cumplieran, llevando un seguimiento al detalle de las chicas, los servicios que hacían, las comisiones que les tenían que pagar y el cobro de deudas que habían contraído para venir a España.
Un día, cuando una de las mujeres le pidió una jornada de descanso cuando llevaba trabajando casi un mes seguido, la encargada se lo negó y la testigo decidió marcharse. Pidió su pasaporte, recogió su maleta y pagó la deuda que tenía con el dueño. Dos años después se decidió a denunciar su situación al igual que lo haría luego su compañera.
La tercera testigo de la fiscalía llegó a Pontevedra en julio de 2011, después de contactar con ella otra mujer que al igual que había ocurrido con las anteriores, le entregó el billete de avión para viajar desde Brasil a Oporto. En este caso, la testigo denunció que la habían engañado porque su cometido no iba a ser la prostitución en el club, sino trabajar de camarera.
Al llegar al local le asignaron un horario: comenzaría a trabajar a las 6 de la tarde hasta la 5 ó 6 de la madrugada. Comprobó que en el club estaba todo bajo control mediante un sistema de cámaras cuyas imágenes podía ver el dueño a través de su teléfono móvil en cualquier sitio en el que se encontrara. En una inspección que la Brigada de Extranjería de la Policía hizo en el club, el dueño amenazó a la chica para que no dijera cuál era su trabajo allí. Luego, “la llamó a la oficina y le dijo para asustarla que a otras personas que habían denunciado su situación las habían matado en Brasil, dando a entender que él tenía contactos en el país de origen de la testigo que podían cumplir estas amenazas”, subraya el fiscal.
En otra ocasión, el hombre que actuaba de lugarteniente del dueño encargándose de la seguridad del establecimiento, “llegó a encañonar” a la testigo con una de las dos pistolas detonadoras con capacidad de disparo que ambos acusados tenían a su disposición, una Retay Lord, de 9mm, y una Blow Compact, del mismo calibre, amenazándola si los denunciaba.
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