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La muerte de un afroamericano a manos de dos policías quedará impune

Justicia no presentará cargos contra los agentes que realizaron el arresto mortal de Alton Sterling



El Departamento de Justicia de Estados Unidos no presentará cargos federales contra los dos policías involucrados en la muerte del afroamericano Alton Sterling, según The Washington Post. La decisión choca con la existencia de un vídeo en el que se ve a los agentes forcejeando con Sterling, en el suelo, casi inmovilizado por ellos, hasta que recibe varios disparos a quemarropa. El diario asegura que Justicia declarará el caso oficialmente cerrado.
Los hechos ocurrieron el 5 de julio de 2016 en Baton Rouge, Luisiana, enfrente de un supermercado junto al que la víctima vendía cedés. La policía acudió allí por una supuesta denuncia que decía que Sterling, de 37 años, portaba un arma con la que había amenazado a algún peatón. Filmada con teléfonos por testigos, la intervención policial fue criticada como un abuso con tintes de asesinato racista y provocó agitación social en Baton Rouge. La muerte de Sterling, además, fue el primer episodio de una semana dramática. Un día después un policía mataba con su pistola al afroamericano Philando Castile en Minneapolis (Minnesota) tras detener su vehículo y al siguiente un francotirador afroamericano mataba en Dallas a cinco policías durante una manifestación contra los abusos policiales.
El presidente Barack Obama afirmó tras las muertes de Sterling y Castile: “Ya hemos visto demasiadas tragedias como esta”. “No es solo un problema negro. No es solo un problema hispano. Es un problema americano, y a todos debería preocuparnos”. En medio de un clima de indignación por los excesos policiales con sesgo racial el área de derechos civiles del Departamento de Justicia abrió una investigación coordinada con el FBI y la fiscalía para aclarar el caso Sterling.
Finalizada la administración del demócrata Obama, la resolución de las pesquisas llega ya bajo el mandato del republicano Donald Trump y con Jeff Sessions como fiscal general, número uno del Departamento de Justicia. Cambiando el paso con respecto a la línea marcada por su predecesora Loretta Lynch, que reconoció la necesidad de escrutar mejor la actuación de los policías, Sessions ha dado un viraje y ha ordenado que se reduzca la fiscalización de los abusos policiales. “En vez de dictar a las policías locales cómo hacer su trabajo o malgastar los escasos recursos federales para denunciarlas en los tribunales, deberíamos usar nuestro dinero, investigación y experiencia en ayudarlas a descubrir qué está pasando y determinar las mejores formas de luchar contra la delincuencia”, dijo en febrero en su primer discurso como fiscal.
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