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Los talibanes atacaron la Embajada española en Kabul por su falta de seguridad

Un informe de la Policía a la Audiencia Nacional descarta que la legación diplomática fuera asaltada por error


La Embajada española en Kabul (Afganistán) no fue atacada por error el 11 de diciembre de 2015, como dijo entonces el Gobierno. Su falta de seguridad fue determinante para que los talibanes la eligieran como objetivo de un asalto que causó la muerte de dos policías españoles y cinco afganos, además de cuatro atacantes. Así lo admite el informe que la Comisaría General de Información ha remitido al juez Santiago Pedraz, instructor de una causa en la que están imputados el exembajador en Kabul Emilio Pérez de Ágreda y su exnúmero 2 Oriol Solá.

Soldados afganos custodian la embajada española en Kabul tras el atentado de 2015.

“Un factor determinante para que los terroristas decidiesen atacar la Embajada de España [en Kabul] fue la inadecuada ubicación de la misma, en un entorno desprovisto de un cinturón exterior de seguridad, como hubiera sido el caso de ubicarse en la Zona Verde”, donde se encontraba la residencia del embajador, reconoce un informe de la Dirección General de la Policía fechado el pasado 30 de marzo y remitido a la Audiencia Nacional.
Pero no era solo la ubicación lo que hacía especialmente vulnerable la legación diplomática española. “Los tres edificios que la integran están directamente expuestos a una acción agresiva desde [...] los bloques vecinos”, añade un anexo al informe.
Además, la puerta metálica que fue destruida por la explosión de un coche bomba conducido por un suicida “funcionaba mal y debía ser empujada manualmente por los policías para abrirla o cerrarla”; y el único círculo de seguridad que protegía la instalación era un muro de unos tres metros de altura, de forma que, cuando fue rebasado por tres talibanes, “no encontraron ningún obstáculo” para entrar en los edificios. La escasa distancia entre estos y el muro “hacía imposible cualquier reacción por parte del equipo de seguridad”, subraya.
El anexo constata que el sistema eléctrico quedó inutilizado por la explosión del coche bomba y no pudo reactivarse ya que debía hacerse con un mecanismo manual, por lo que los policías se quedaron a oscuras, sin saber cuántos les atacaban ni dónde estaban. Y aunque algunos agentes se refugiaron en una habitación segura, el informe reconoce que no merecía tal nombre, ya que carecía de líneas de emergencia para comunicarse con el exterior, por lo que quedaron incomunicados.
El informe remitido a la Audiencia Nacional tira por tierra la teoría difundida entonces de que el objetivo del atentado era una casa de huéspedes para extranjeros y los talibanes asaltaron por error la Embajada española. El viceministro del Interior afgano, general Ayoub Salangi, dijo a los investigadores que “los terroristas sabían que estaban atacando la Embajada de España” y que fue él quien difundió la hipótesis de la hospedería “para proteger la seguridad de la misión” diplomática.

UN CASO DE RESPONSABILIDAD DEL ESTADO COMO EL YAK-42

El juez deberá pronunciarse en breve sobre la petición de sobreseimiento del abogado del Estado, quien estima que no hay base para acusar a los dos diplomáticos del delito de homicidio imprudente. Sea cual sea su decisión, lo que ha quedado claro es que el Gobierno no tomó medidas para paliar las graves carencias de seguridad de la embajada, pese a las advertencias que recibió. Como en el casoYak-42.
Así lo ratificó el director general de Investigación Criminal del Ministerio del Interior afgano, quien explicó que, tras los atentados de París (noviembre de 2015), su servicio recibió “informaciones que apuntaban a que las embajadas en Kabul podían ser atacadas”, pero pensó que los principales objetivos podrían ser las legaciones diplomáticas de EE UU, Reino Unido o Francia, no la de España. En cualquier caso, admitió el general, “no informaron a ninguna Embajada sobre esta amenaza”.
Quien sí alertó fue la Agregaduría de Defensa francesa en Kabul, que horas antes del ataque informó a su homóloga española del “riesgo de atentado inminente”. El diplomático Solá reconoce que recibió el aviso en su correo electrónico, pero alega que, al encontrarse fuera del despacho, no pudo leerlo hasta mucho después de la tragedia.
La Embajada española ya recibió una amenaza similar en marzo de 2015. Entonces se procedió a cerrar las instalaciones durante 48 horas, evacuar al personal local y cortar al tráfico de las calles adyacentes. Nada de eso se hizo el día del atentado.
El juez Santiago Pedraz se ha dirigido a la Embajada francesa en Madrid para que le remita el aviso de su agregado en Kabul. Quiere saber qué decía, quién y cuándo lo recibió.

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