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Interior justifica desnudar a menores para cachearlos por la amenaza yihadista

El Ministerio anuncia “un minucioso estudio” del protocolo que permite registrar a jóvenes detenidos



El Ministerio del Interior y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, salieron ayer en defensa del nuevo Protocolo de actuación policial con menores que contempla en determinadas circunstancias el “desnudo integral” de los menores detenidos con el argumento de que España se encuentra en el nivel 4 de alerta terrorista por culpa de la amenaza yihadista. El departamento de Juan Ignacio Zoido recuerda que “aunque hace años que no se comete un atentado terrorista en España, no podemos olvidar que la amenaza es real y que el análisis de las nuevas formas de actuación de las organizaciones terroristas no excluye ninguna franja de edad”.

El nuevo protocolo, adelantado este viernes por EL PAÍS,contempla la posibilidad de que los jóvenes entre 14 y 18 años que sean detenidos puedan ser sometidos por la policía a un “desnudo integral” para cachearlos “cuando concurran circunstancias debidamente justificadas que lo hagan necesario”. El documento fue firmado por el número 2 de Interior el pasado 24 de abril con orden de hacerlo llegar a las Delegaciones del Gobierno para su distribución a las autoridades autonómicas y municipales, y a las direcciones generales de la Policía Nacional y la Guardia Civil. El pasado lunes se incluyó en la Orden General de la Policía para que llegara a todos los agentes. Pese a que todo ello da al documento el carácter de definitivo, Interior va a someter el texto “nuevamente a un minucioso estudio” para “incorporar las precisiones o acotaciones pertinentes”. Además, se muestra dispuesto a escuchar “las aportaciones que se hagan desde los ámbitos policial, judicial y político” tras la polémica levantada.

La posibilidad de desnudar a un menor arrestado para realizar un registro exhaustivo aparece recogida en el capítulo del protocolo dedicado a la “forma de la detención, cacheo y esposamiento”. En este punto, el protocolo vigente hasta ahora, de 2007, se limitaba a recalcar que el cacheo debía hacerse “con respeto absoluto a sus derechos fundamentales y siempre como medida de seguridad para el propio menor y los actuantes”. El nuevo texto incorporaba la posibilidad de hacerlo con un “desnudo integral” y, además, realizarlo “contra la voluntad del afectado, adoptando las medidas de compulsión indispensables”. También contempla “el uso de grilletes” si la “actitud del menor en el momento de su detención” así lo aconseja y “no sea posible otro medio de contención física”.
La referencia a la amenaza terrorista que ahora alega Interior es, sin embargo, muy secundaria a lo largo de todo el documento y, además, siempre aparece acompañada de alusiones a otros delitos “violentos” y “sexuales”. De hecho, la única mención directa a la amenaza yihadista se encuentra en otro apartado del documento. En concreto, en el referido a “menores desaparecidos” y a la “actuación específica” que deben seguir las Fuerzas de Seguridad del Estado en estos casos. Así, destaca que la desaparición de un menor de edad se catalogará de “alto riesgo”, entre otros motivos, si “existe la sospecha de que tiene por objeto desplazarse a una zona de conflicto armado”. El protocolo de 2007 no hacía mención expresa a esta circunstancia ya que entonces no se daba este fenómeno yihadista.
En su defensa del nuevo documento, Interior destaca que la inclusión en el mismo del cacheo con desnudo integral para los menores “no constituye la introducción de una nueva práctica policial que no estuviera regulada con anterioridad” y recalca que ahora se ha hecho mención expresa de la misma “a petición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado” con el fin de “que en aquellos casos excepcionales en los que sea precisa su práctica tras una detención, se lleve a cabo con todas las garantías”. En su respuesta a EL PAÍS, Interior insiste en que el documento ahora cuestionado fue elaborado por “los órganos técnicos especializados de la Policía Nacional y de la Guardia Civil”, además de ser “sometido a valoración previa por parte de la Fiscalía de Menores”. “Se ha trabajado desde el máximo respeto a los derechos y libertades individuales”, añade.
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