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Expertos consideran inviable la desconexión legal que promete el independentismo

Los analistas prevén que el Constitucional suspenda la ley y el Ejecutivo catalán no pueda hacerla cumplir

Carles Puigdemont, ayer en la fiesta de Fundesplai en Prat de Llobregat (Barcelona).

El independentismo catalán fía toda su estrategia a una carta que se vende como la panacea que permitirá construir la nueva república catalana. Es la ley de desconexión, el secreto mejor guardado en Cataluña, de la que no se conoce su contenido y que, según se repite machaconamente desde hace meses, permitirá pasar de la legalidad española a una nueva legalidad catalana y amparar la convocatoria del referéndum de independencia. Se trata, sin embargo, de una promesa inviable en la práctica, según todos los analistas consultados.
El Tribunal Constitucional suspenderá previsiblemente esa ley —llamada de Transitoriedad Jurídica— en cuanto salga publicada en el Diari Oficial de la Generalitat. Además, el Gobierno catalán no dispondrá de la capacidad para hacerla cumplir, con lo que todo acabará siendo poco menos que un brindis al sol, coinciden en señalar diversos constitucionalistas consultados por EL PAÍS.
“La carga de credibilidad del nuevo ordenamiento le toca demostrarla a quien quiere romper el ordenamiento vigente”, explica el catedrático de Derecho Constitucional Xavier Arbós. En su opinión, la aprobación de la ley catalana “dará legitimidad a sus instigadores, pero a ojos de la legalidad española, que seguirá vigente en Cataluña, no producirá ningún efecto”. Este catedrático entiende que la Generalitat no podrá hacer efectiva la desconexión legal, entre otros motivos porque los colectivos encargados de velar por esa legalidad catalana no la aplicarán a corto, medio, ni largo plazo.
En este sentido, Arbós recuerda que la inmensa mayoría de los cerca de 6.000 jueces que trabajan en Cataluña no dejarán de aplicar las leyes que aplican ahora, ni los más de 17.000 mossos d’esquadra se pondrán al servicio del nuevo escenario político. Lo vienen anunciando desde hace meses las asociaciones judiciales y los principales sindicatos policiales, y parece que no servirán de mucho las amenazas del diputado de Junts pel Sí Lluís Llach de que la Generalitat sancionará a los funcionarios que no cumplan la nueva ley en el caso de que llegue a ser aprobada. “La cuestión no es que tú desconectes de la legalidad española, sino que puedas hacer cumplir la tuya y que los demás te la reconozcan, y eso no pasará”, insiste Arbós.
El comunicado que anunció el pasado 29 de diciembre el acuerdo entre Junts pel Sí y la CUP sobre la ley de desconexión explicaba que esta abordaría, entre otras cuestiones, la sucesión de ordenamientos y de administraciones, el poder judicial y las finanzas catalanas, así como el sistema institucional con una serie de plazos y períodos de transición en cada caso para aplicar el nuevo ordenamiento legal. Sin embargo, Xavier Arbós considera que todo eso se quedará en papel mojado. “La ley de desconexión no es un escudo magnético y la Generalitat no puede pretender un blindaje unilateral porque no tiene competencias para ello. Es un salto al vacío, un desafío al sentido común”, reitera el constitucionalista.

“Es un disparate”

Mucho más contundente se muestra José Antonio Montilla, director del departamento de Derecho Constitucional de la Universidad de Granada. “A los alumnos de primero se les explica en las primeras semanas de la carrera lo que no se quiere entender por los gobernantes de Cataluña”, dice. “Es un disparate lo que quieren hacer, un absurdo jurídico, porque no existe ninguna posibilidad de aplicarlo y porque no se puede decir que se va a pasar de una legalidad a otra como si no pasara nada”, afirma Montilla.
En su opinión, la ley de desconexión catalana quedará suspendida desde el momento en que lo acuerde el Tribunal Constitucional, por lo que cualquier acto de aplicación que derive de ella será nulo. Y cualquier funcionario público que la aplique podría incurrir en prevaricación, por lo que, concluye, la ley será inaplicable. Montilla recuerda lo que los juristas denominan “sistema de fuentes del derecho”, que garantiza la seguridad jurídica por encima de las opciones políticas, con la Constitución en la cúspide de la legalidad, y en virtud del cual “una comunidad autónoma no puede suspender la aplicación de la Constitución”.
Para Víctor Ferreres, catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, la aprobación de la ley de desconexión no producirá ningún vacío de poder porque el Tribunal Constitucional ya ha advertido que será ilegal y en ningún momento dejará de estar vigente la legalidad española. Este jurista rebate, además, dos argumentos muy usados por el independentismo: que esa hipotética ruptura de Cataluña con el resto de España sería un proceso pacífico y que tendría reconocimiento internacional.
“Si yo salgo a la calle, delinco y espero que la policía no me detenga no puedo decir que soy pacífico, porque la policía tiene la obligación de intervenir y lo hará”, señala Ferreres, que da por sentado que el Gobierno y el resto de instituciones del Estado no se quedarán de brazos cruzados. En su opinión, además, ni el derecho internacional público ni el comunitario ampararán “jamás” la pretendida legalidad catalana porque se pretende imponer quebrantando unilateralmente la legalidad española. “Mi madre, que no sabe nada de derecho, entiende a la primera que no se puede desconectar de la ley así, a la brava”, remacha Ferreres.

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