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Los verificadores aseguran que ETA ha entregado todo el armamento que “controla”

Son centenares de subfusiles, fusiles de asalto, armas cortas y kilos de explosivo, según adelantó por la tarde el diario Le Monde


El Comité Internacional de Verificación, coordinado por Ram Manikkalingam, y avalado por el Gobierno vasco, confirmará hoy la validez del desarme de ETA. “ETA ha entregado al Comité Internacional de Verificación las geolocalizaciones de todo el armamento que controla”, aseguraron fuentes conocedoras del proceso. El documento con la localización de los depósitos en territorio francés está en manos del Comité Internacional de Verificación desde el jueves y tiene como plazo límite de entrega a la Justicia gala la primera hora de hoy.

Un hombre camina junto a una pintada que reza "ETA, País Vasco y Libertad".

Son centenares de subfusiles, fusiles de asalto, armas cortas y kilos de explosivo, según adelantó este viernes por la tarde el diario Le Monde. “Una cantidad de armamento muy copiosa”, añadieron fuentes conocedoras del proceso, otorgándole rango de credibilidad. El acto de entrega de las geolocalizaciones tendrá carácter privado y se materializará en una localidad del sur de Francia.
El comunicado de ETA, difundido por la BBC en la madrugada del viernes, en el que la banda terrorista se definía como “organización desarmada” puso en marcha el tramo final de su desarme. El comunicado etarra oficializaba la pérdida del control de su armamento y su traslado al Comité Internacional de Verificación. Hoy, a primera hora de la mañana, tras entregarlo a la Justicia francesa, el Comité Internacional de Verificación hará público en Bayona (Francia) el inventario del armamento de la banda terrorista.
ETA ha comunicado, con anterioridad al desarme, que no controla todos los depósitos de armas, sobre todo los más antiguos. Asimismo, una parte importante de su armamento ha sido incautada, incluso en estos cinco años de cese definitivo del terrorismo, por las Fuerzas de Seguridad, y otra parte está deteriorada por su desuso. No obstante, serán centenares de armas las que ETA ponga en manos de la Justicia francesa. Las previsiones de las distintas policías —las Fuerzas de Seguridad francesas, españolas y la Ertzaintza— son básicamente coincidentes entre ellas y parece ajustarse, en líneas generales, al material que ya controla el Comité Internacional de Verificación. En medios próximos a los mediadores, este viernes existía confianza en que la operación de desarme culminara satisfactoriamente.
Una vez en posesión de la documentación por la Justicia francesa, las Fuerzas de Seguridad galas procederán a la localización y análisis del armamento incautado. Asimismo, la Audiencia Nacional española enviará una comisión rogatoria para que Francia proporcione a las autoridades españolas detalles sobre el contenido de los depósitos.
Esta posición de Francia y España se ajusta al procedimiento legal al que se ha acogido este desarme. Sólo de este modo —con la entrega incondicional a la Justicia del armamento de ETA para que pueda analizarlo— ha sido posible la implicación del Gobierno francés en el desarme etarra y la no interferencia del Ejecutivo del PP. También han aceptado la intermediación del Comité Internacional de Verificación, avalado por el Gobierno vasco. El lehendakari Urkullu ha mantenido contacto con los gobiernos español y francés.
Los intentos anteriores de ETA de negociar directamente con los gobiernos español y francés su desarme le han resultado baldíos. Su obcecación ha retrasado cinco años el desarme desde que en octubre de 2011 anunciara el cese definitivo del terrorismo. Finalmente, se ha acogido a la fórmula que propuso el Gobierno vasco: Entrega de las armas a la Justicia a través de mediadores.
Los pasos pendientes
Con el desarme de ETA no se cierra aún el ciclo. En los próximos meses, ETA tendrá que debatir y decidir su desarme. A su vez, los presos de ETA tendrán que reconocer la legalidad penitenciaria y asumir la reinserción individual. Con estos pasos, el Gobierno vasco pretende implicar al Ejecutivo del PP y a los demás partidos en un pacto para encauzar unitariamente la situación de las víctimas del terrorismo, reinsertar a los presos etarras y mejorar la convivencia. El Gobierno del PP sigue condicionando su cambio en la política penitenciaria a la disolución de ETA.
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