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Un médico y una enfermera se sentarán en el banquillo por la muerte de una inmigrante en el CIE de Madrid

Un juzgado abre juicio oral contra los sanitarios por imprudencia y pide 80.000 euros de fianza


La madre de Samba Martine (izquierda), durante su entierro.

Samba Martine murió el 19 de diciembre de 2011 tras pasar recluida 38 días en el Centro de Internamiento de Inmigrantes (CIE) de Aluche, en Madrid. Casi desde que llegó dijo que se encontraba muy mal, y acudió al servicio médico del establecimiento una y otra vez relatando todo tipo de dolores. Al final, apenas se tenía en pie. Los sanitarios la examinaron más de 10 veces a lo largo de tres semanas, pero nadie percibió la gravedad de su estado hasta que, seis horas antes de fallecer, la trasladaron al Hospital Doce de Octubre, donde ya no pudieron hacer nada por salvar su vida. El caso lleva en los tribunales desde entonces. El juzgado de instrucción número 38 de Madrid dictó el pasado 13 de marzo auto de apertura de juicio oral contra un médico y una enfermera, que serán juzgados en la Audiencia Provincial de Madrid por un delito de imprudencia.
El juez pide también a los sanitarios 80.000 euros de fianza para hacer frente a la responsabilidad civil. Y como responsables subsidiarios aparecen la empresa privada que llevaba el servicio médico del CIE, Sermedes, y el Estado (por el Ministerio del Interior, que es quien gestiona los centros de internamiento de extranjeros). El Ministerio Fiscal había pedido el sobreseimiento del caso. Las acusaciones particular (que representa a la madre de la fallecida) y popular (que presentaron dos asociaciones de defensa de derechos humanos), la apertura del juicio oral por homicidio imprudente y omisión del deber de socorro.
El relato de las últimas 48 horas de Martine, de 40 años, es demoledor, según acreditó en un informe la coordinadora de Cruz Roja del programa para inmigrantes y refugiados de la Comunidad de Madrid. La congoleña no podía caminar ni casi respirar, pero la enfermera que la atendió un día antes de fallecer lo resolvió con un analgésico y un tranquilizante. Una mediadora de la ONG avisó a la sanitaria un par de veces de que la chica estaba muy mal, pero el médico no estaba y la enfermera, Yordanka G. C., ahora procesada, respondió que no podía hacer nada más por ella. No bajó a ver cómo estaba la paciente ni llamó a un doctor. La paciente quedó tendida en el suelo de la sala de ocio de mujeres del centro, tapada con mantas y desamparada.

Al hospital en coche patrulla

La mañana del día en que murió, Martine subió a primera hora a la consulta médica, gestionada entonces por Sermedes. Pero solo le enseñaron ejercicios de respiración para que dejara de hiperventilar. Como no se calmaba, le inyectaron diazepam. Siguió hiperventilando, dormida. Finalmente, ya moribunda, el equipo médico decidió trasladarla a un hospital en un coche patrulla, no en una ambulancia –en contra del criterio de varios de los agentes que se encontraban allí-.
La enfermera aseguró a los policías que “no se preocuparan, que no le iba a pasar nada, que había subido a la consulta andando”, según el informe de Cruz Roja. “Efectivamente, Samba pudo subir las escaleras a primera hora de la mañana, pero su estado físico había empeorado y además había recibido una medicación que provoca, entre otros efectos, mareos, visión borrosa o somnolencia”, según el documento de la ONG. La mujer estaba tan grave que para poder sentarla en el coche de policía y que no se cayera a un lado tuvieron que sujetarla con el cinturón de seguridad.
Llegó al centro sanitario con anemia severa, insuficiencia respiratoria y sepsis por neumococo. La mujer era portadora de VIH, y la autopsia señaló como causa principal de la muerte una infección por “criptococosis sistémica”, que puede ser mortal en personas con el sistema inmune muy débil, como un enfermo de SIDA, si no se trata.
La Audiencia Provincial de Madrid determinó, en función de los informes médicos aportados a la causa, que los síntomas de Martine obligaban a sospechar de la existencia de una enfermedad grave y que “de haber sido tratada correctamente, se podría haber evitado el fatal desenlace”. El tribunal señaló, además, que como los internos en un CIE no pueden acceder a más personal sanitario que el del propio centro, la "posición de garante" de este servicio médico es especialmente relevante.

El informe médico perdido

Un informe del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) de Melilla, donde llegó Martine tras cruzar la frontera, acreditaba que la mujer padecía SIDA, pero este documento jamás llegó al CIE de Madrid. Y el superficial examen médico que le hicieron cuando la internaron en Aluche, sin intérprete y sin incluir una analítica de sangre, no lo detectó.
El principal imputado en esta causa era el facultativo que realizó ese primer examen médico, el paraguayo Jaime Evaristo O. R., que fue también quien la atendió el día de su muerte. Cuando ella ingresó en el CIE el doctor, según las acusaciones, no le preguntó por su periplo migratorio, ni por su lugar de origen, ni por su tiempo de estancia en España –tal y como establecen los protocolos médicos-. El médico ni siquiera sabía lo que era un CETI, ni que muchos inmigrantes llegaban a los CIE provenientes de estos centros de Ceuta y Melilla, y desconocía que allí muchas veces les hacen exámenes médicos que hay que tener en consideración.
La atendió en cuatro ocasiones, conoció los partes anteriores en los que constaban sus dolores constantes, pero solo le prescribió medicación para aliviar los síntomas, sin hacer mayores indagaciones, incluido el día de su fallecimiento. Fue quien le inyectó el diazepam y quien la remitió al hospital. Este médico, imputado, no será juzgado por el momento porque vive en Paraguay y no se le han podido notificar aún las últimas diligencias.
Los dos sanitarios que sí serán juzgados por la Audiencia Provincial son la enfermera que la atendió en sus últimas 48 horas de vida y otro doctor, Fernando H. V, que vio en consulta a Martine en dos ocasiones. Este médico tampoco indagó en las causas de los dolores constantes de la mujer, que llevaba ya 18 días de padecimientos cuando él la atendió. Los abogados de la acusación defienden que la candidiasis perianal que padecía Martine, y que no remitía, unido al resto de dolencias, debió hacer sospechar al facultativo de la presencia de sida, especialmente teniendo en cuenta que la mujer procedía de la República Democrática de Congo, donde el índice de prevalencia de infección por VIH es muy elevado.
"La administración de tratamiento antirretroviral adecuado habría podido cambiar la evolución clínica al poder impedir la aparición de infecciones oportunistas asociadas a la infección por VIH como es el caso de la criptococosis", afirma el doctor Santiago Moreno Guillén, jefe del servicio de inmunodeficiencia del hospital Ramón y Cajal, en un dictamen aportado al procedimiento. "No puede descartarse que la evolución hubiera podido ser la misma, pero es más probable la hipótesis contraria, es decir, puede afirmarse que el tratamiento de la infección por VIH hubiera disminuido de forma relevante el riesgo de desenlace letal".
Con respecto a otros tres sanitarios que fueron imputados, incluida la entonces directora del servicio médico del CIE, se ha archivado el procedimiento.
Martine había llegado a España desde su país viajando por Benín, Burkina Faso, Malí y Argelia hasta llegar a Marruecos con su esposo y con su hija Bijoux, de 10 años. Una vez en Marruecos la familia se separó y Martine logró entrar en España a través de Melilla. No volvió a ver a su familia.
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