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La rebelión de Yipsa, enferma con metástasis y obligada a trabajar

La muerte de Isabel Carragal tres meses después de que un juzgado le negase la incapacidad absoluta destapa el sufrimiento económico de los pacientes de cáncer


Isabel Carragal, como voluntaria de la Aecc.

Un cáncer de mama empezó a corroer el cuerpo de Isabel Carragal da Costa a mediados de 2013. Pasó por una mastectomía doble y un agresivo tratamiento sin poder sortear la temida metástasis. Pero para la Administración y la Justicia los padecimientos de esta gallega de 46 años, operaria de una fábrica de pescado, no fueron suficientes para otorgarle la incapacidad laboral absoluta. La enfermedad acabó el pasado 13 de marzo con la vida de Yipsa, el apelativo por el que era conocida. Apenas tres meses antes, el juzgado de lo social número 1 de Pontevedra había sentenciado que, con dos hijos a su cargo y 20 años de cotización, solo merecía una prestación mensual de 388 euros porque tenía salud suficiente para completar sus ingresos trabajando. Aunque fuera “dolorida”, decía ella.

El juez avaló la negativa que ya había recibido del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). “Me llegó una carta que me decía que era apta para trabajar porque no tenía pérdidas anatómicas ni funcionales. Eso es muy difícil de asimilar. Estuve dos meses hundida”, recordaba la propia Yipsa solo diez días antes de morir. Hasta el último momento, esta vecina de Marín (Pontevedra) se movilizó para denunciar públicamente la “tortura” socioeconómica que se oculta entre los lazos rosas y las campañas institucionales en favor de la lucha contra el cáncer. Recurrió la sentencia que le negaba la incapacidad absoluta ante el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, pero la muerte llegó antes que el dictamen judicial sobre su salud.

Desde el INSS esgrimen que “una enfermedad grave por sí sola no invalida para trabajar” y defienden que las decisiones sobre cada caso se toman con una “baremación rigurosa y objetiva” a través de un “tribunal médico independiente”. Lo decisivo, añaden, son “las realidades y las pruebas médicas” y subrayan que el hecho de que el juzgado pontevedrés le diera la razón a la Administración demuestra que con Yipsa “no hubo error”. Su caso, admiten, no es ni mucho menos el único.
Bien lo sabe Raquel del Castillo, responsable de trabajo social en la Asociación Española contra el Cáncer (AECC). En sus oficinas atienden a muchos pacientes oncológicos abandonados a su suerte. Esta organización demanda al Gobierno la creación de un Registro Nacional de Incapacidades que ofrezca un “mapa global” de cómo y en qué circunstancias está otorgando el INSS las incapacidades para conocer al detalle “las situaciones de vulnerabilidad que se están generando y poder actuar contra ellas”. “Los supervivientes del cáncer tienen que afrontar en sus vidas un reajuste laboral, económico, familiar, social… Se dan necesidades en estas personas a las que el sistema sanitario no está dando respuesta y una de ellas es la incapacidad laboral. Hay colectivos vulnerables como los parados o los autónomos que en esta situación lo son mucho más”, explica Del Castillo.
En 2014 el Bloque Nacionalista Galego (BNG) presentó en el Congreso de los Diputados una iniciativa para cambiar la ley y establecer el reconocimiento inmediato de la incapacidad laboral absoluta para los pacientes de cáncer que tengan riesgo de recaída. Fue rechazada con los votos solo del PP. Detrás de esta propuesta está la abogada y periodista viguesa Beatriz Figueroa, que acompañó la proposición de más de 500.000 firmas de apoyo, y que incide en que esta modificación es fundamental para no condenar a la pobreza a los enfermos. “El reconocimiento [de este nivel de incapacidad por ley es siempre revisable, así que si se produjese una mejoría se modificaría”.
Figueroa también es paciente oncológica y a ella, que a veces no puede casi ni levantarse de la cama y que vive enredada en continuas consultas e ingresos en el hospital, también le dice la Administración que debe buscar un empleo. “Han endurecido tanto los requisitos [para otorgar la incapacidad laboral absoluta] que solo falta que nos pidan el certificado de defunción”, protesta esta activista gallega, que ha recibido casi 1.000 cartas de enfermos de toda España que le relatan su caso, todas ellas en manos ahora de la Defensora del Pueblo.
Una de esas historias desesperadas que llegaron al buzón de Figueroa fue precisamente la de Yipsa. Porque desde que conoció el lado oscuro de los lazos rosas, cuentan sus amigas, solía repetir una frase: “Callarse es cosa de cobardes”.

EL SUEÑO DE UNA REINCORPORACIÓN PROGRESIVA

S. V.
La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, elabora desde hace más de un año un estudio sobre la protección social y laboral que actualmente reciben los pacientes oncológicos con el objetivo de reclamar mejoras a la Administración. Beatriz Figueroa, que como activista a favor de los derechos de los enfermos de cáncer se ha reunido ya varias veces con Becerril para aportarle información, apunta hacia Francia como modelo a seguir.
En el país galo a los supervivientes del cáncer pueden acogerse a la jornada terapéutica, es decir, a una reincorporación progresiva, por horas, a su puesto de trabajo, que permite calibrar su recuperación y decidir cuál es el momento idóneo para retomar su vida laboral con todas las garantías. Esta vuelta al trabajo es controlada además por el médico del trabajador, que durante este periodo percibe íntegramente su sueldo, abonado entre su empresa y la seguridad social francesa.
“Las personas que pasan por un cáncer no quieren rendirse a la etiqueta de enfermo, de incapaz. Lo que quieren es, si su capacidad se lo permite, recobrar la normalidad”, defiende Figueroa, quien se prepara ya para llevar de nuevo al Congreso de los Diputados su propuesta de cambios legales que en la legislatura pasada apoyaron todos los grupos menos el PP.
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