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Morir en invierno por no tener luz

Cinco personas mueren en 10 días por incendios en hogares, sin que España haya legislado sobre eficiencia energética



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Rosa tenía 81 años, vivía sola y Gas Natural Fenosa le había cortado la luz en septiembre. En la madrugada del domingo al lunes se olvidó de apagar las velas que iluminaban la oscuridad de su piso en la calle Santa Ana de Reus (Tarragona) y llegó la catástrofe: ardió el colchón en el que dormía la anciana, que murió en el acto. Es el quinto caso en 10 días; cinco muertos por incendios por velas, braseros o instalaciones eléctricas en malas condiciones.

Energia gas

Una menor de 14 años falleció al caer desde la ventana de un quinto piso en llamas en Zaragoza; un hombre de 95 años murió en el incendio de una residencia de ancianos en San Sebastián de los Reyes (Madrid); dos mujeres de 102 y 81 años murieron al inhalar el humo del fuego que prendió su piso en el barrio de Los Remedios de Sevilla... más de 100 en lo que va de año; la mitad, mayores. No todos pobres, pero el drama sucede cada año con la llegada del frío.

La vulnerabilidad energética sigue causando víctimas (por incendios o enfermedades respiratorias) pese a las medidas tomadas por las empresas, las Administraciones públicas y las organizaciones no gubernamentales. No hay estadísticas oficiales, pero un estudio de la Academia de Ciencias Ambientales señalaba que se producen más muertes por este motivo que por accidentes de tráfico. En 2015 murieron 1.126 personas en la carretera.

El baremo para medir la pobreza energética en nuestro país se basa en las familias que tienen que destinar más del 10% de su renta a pagar la electricidad y el gas doméstico. En Europa, la vara de medir se sitúa en los hogares con unos ingresos por debajo del 60% de la media nacional. Con uno u otro criterio, en España hay más de siete millones de personas que no pueden mantener su hogar a la temperatura adecuada.

Durante años, la vulnerabilidad energética ha sido un problema invisible. Crecía poco a poco, pero nadie le prestaba atención. Tuvo que llegar la crisis de 2008 para que los partidos se dieran cuenta de la gravedad de la situación, aunque optaron por medidas paliativas en lugar de actuaciones de tipo estructural como otros países europeos.

En 2009, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó el bono social: un 25% de reducción de la factura de la luz para los hogares que cumplan una de estas tres condiciones: familias con todos los miembros en paro, ser consumidores de baja tensión con potencia instalada inferior a 3 kilovatios o ser pensionista mayor de 60 años cobrando la pensión mínima.
Una medida que se ha mostrado insuficiente, según el diputado de Podemos Rafael Mayoral, que insiste en que el bono social debería complementarse con una tarifa social y con acciones más amplias “para defender un derecho fundamental”.

Gas metano

Otros países de la UE (hay 54 millones de personas en situación de vulnerabilidad energética) llevaban años tomando medidas para atajar el problema: mejora de la eficiencia energética en las viviendas, control del precio de la energía y políticas de rentas familiares. Sin embargo, en España han tenido que ser los Gobiernos autónomos y algunos Ayuntamientos los que se han decidido a actuar para intentar frenar la escalada provocada por la caída de las rentas familiares y el aumento del precio de la electricidad.

Paradójicamente es Cataluña (donde murió Rosa en la madrugada del lunes) la región más avanzada en la lucha contra la pobreza energética. Legisló en tres ocasiones para evitar los cortes a los más vulnerables. Fue la primera comunidad que intentó crear la llamada tregua invernal entre noviembre y marzo en la que no se puede cortar la luz a ningún hogar. La ley fue recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional. La norma vigente establece el principio de precaución por el que las eléctricas deben asegurarse, antes de cortar el suministro, de que el afectado no se encuentra en situación vulnerable.

Un principio de precaución que falló y que ha causado un enfrentamiento de la empresa, Gas Natural Fenosa, el Ayuntamiento de Reus y la propia Generalitat de Cataluña. Según la compañía, existe desde 2014 un acuerdo con el Consistorio y se ha atendido a 150 clientes vulnerables. Añade que en la lista de ciudadanos desvalidos no figuraba el nombre de Rosa P. V.
El alcalde de Reus, Carles Pellicer, y el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, han salido en tromba a culpar a la compañía de la muerte de la mujer de 81 años. A su juicio, Gas Natural Fenosa efectuó el corte de luz en septiembre sin adecuarse a la ley.

En el resto de España, son los Ayuntamientos los que tienen que informar a las compañías eléctricas sobre las personas en situación de pobreza o de vulnerabilidad energética. Además, Andalucía aprobó en 2015 un programa extraordinario para suministro de un mínimo vital por valor de 6,5 millones de euros, Galicia implantó en la pasada legislatura el ticket eléctrico total y el País Vasco presupuestó 200.000 euros en subvenciones para este año.

Los Ayuntamientos de Madrid y Barcelona han sido especialmente activos en la defensa de los hogares con vulnerabilidad energética. Sus alcaldesas, Manuela Carmena y Ada Colau (al anterior alcalde, Xavier Trias ya intervino al pagar facturas), incluyeron en sus programas electorales la prohibición de cortar la luz en los hogares con rentas bajas y proclamaron que la electricidad debería ser un derecho básico protegido. Aunque ayer, los representantes del PSOE en el Ayuntamiento de Madrid denunciaron que Carmena no había dotado el dinero previsto para hacer frente al problema, que afecta a 100.000 personas en la capital.

PROTOCOLOS DE PROTECCIÓN SOCIAL DE LAS ELÉCTRICAS

Las grandes compañías eléctricas que operan en España pusieron en marcha entre 2013 y 2015 diversos programas de protección social para las personas más vulnerables desde el punto de vista energético. Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa informan de que la práctica totalidad de los 600.000 cortes de luz por impago que realizan cada año no tienen que ver con pobreza energética.

Las tres empresas tienen firmados convenios con administraciones públicas (sobre todo Ayuntamientos), ONG y asociaciones de diverso tipo para gestionar los casos de especial pobreza y evitar cortar el suministro a los hogares más vulnerables. A su juicio, estos convenios han evitado males mayores.

Además, en 2015, presentaron una propuesta para reformar el modelo de bono social (centrándolo únicamente en la renta) y crear dos fondos de pobreza y eficiencia energética que puedan ser utilizados de forma inmediata. La mala calidad de muchas viviendas inciden en la temperatura de los hogares.





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